Embargos por CAE: Kast sigue sembrando vientos ¿buscará cosechar tempestades?

Hay decisiones de gobierno que pueden ser discutibles. Otras pueden ser equivocadas. Pero existen algunas que simplemente resultan inaceptables porque vulneran el sentido más básico de justicia. El embargo de cuentas bancarias que contienen remuneraciones para cobrar deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) pertenece a esta última categoría.

Nadie discute que las obligaciones deben cumplirse. Nadie sostiene que las deudas deban desaparecer por arte de magia. Lo que se cuestiona es que el Estado utilice herramientas de cobro que terminan afectando directamente los recursos con los que miles de familias pagan el arriendo, compran alimentos o costean los gastos básicos del hogar. De un momento a otro, trabajadores que dependen exclusivamente de su sueldo pueden encontrarse sin los recursos necesarios para llegar a fin de mes.

El sueldo tiene una protección especial en nuestra legislación por una razón evidente: no es un ahorro, no es una inversión ni una ganancia extraordinaria. Es el fruto del trabajo. El artículo 57 del Código del Trabajo establece límites claros a su embargo precisamente porque el legislador entendió que existe un interés superior que proteger: la subsistencia del trabajador y de su familia. Pretender que esa protección desaparece simplemente porque la remuneración fue depositada en una cuenta bancaria es una interpretación abusiva que vacía de contenido una garantía creada para resguardar a quienes viven de su esfuerzo.

Más grave aún es que se pretendan inventar facultades que no existen ni tienen un asidero jurídico claro, para perseguir remuneraciones depositadas en cuentas bancarias. El CAE no es un impuesto, sino una deuda educacional regulada por una ley especial, y el hecho de que el Estado pueda cobrarla no significa que pueda desconocer las protecciones que nuestro ordenamiento jurídico entrega al salario de los trabajadores.

Sostener que el sueldo pierde su carácter protegido por el solo hecho de ser depositado en una cuenta corriente equivale a crear una facultad que el legislador jamás otorgó expresamente. Cuando la autoridad comienza a interpretar la ley de manera subjetiva para afectar derechos fundamentales, deja de actuar dentro de los márgenes de la legalidad y abre una peligrosa puerta a los abusos del poder público.

A ello se suma una cuestión jurídica de fondo. El procedimiento administrativo de cobro regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario fue concebido para la recaudación de impuestos y demás obligaciones tributarias adeudadas al Fisco. Pretender extender automáticamente esas facultades excepcionales a deudas de naturaleza distinta, como un crédito educacional, implica desdibujar los límites que el propio legislador estableció entre las obligaciones tributarias y las obligaciones civiles.

Si el Estado quiere cobrar una deuda educacional, debe hacerlo respetando estrictamente las garantías legales y constitucionales de los deudores, no transformando una deuda de estudios en una obligación equiparable a un impuesto mediante interpretaciones forzadas que terminan ampliando el poder de la administración más allá de lo razonablemente permitido por la ley.

Desde una perspectiva constitucional, se afecta el derecho de propiedad sobre las remuneraciones, se pone en riesgo la garantía de igualdad ante la ley al someter a los deudores del CAE a mecanismos de cobro más gravosos que los aplicables a otras deudas civiles y se tensiona el debido proceso, al permitir afectaciones patrimoniales sin la intervención previa de un juez ordinario. En definitiva, se trata de una discusión que va mucho más allá de una simple cobranza administrativa.

Lo preocupante es que esta situación no ocurre en el vacío. Se produce en medio de un gobierno que ha impulsado medidas que encarecen la vida de las personas, reducen la capacidad de respuesta del Estado y trasladan cada vez más costos a los ciudadanos. Como si no bastara con el aumento del costo de la vida, ahora también se pretende dejar a las personas sin los recursos mínimos para enfrentar ese mismo aumento. No solo se encarece vivir; se amenaza directamente la capacidad de subsistencia de miles de familias.

El presidente Kast y sus ministros deben explicar cómo esperan que una familia sobreviva cuando el Estado le embarga la cuenta donde recibe su sueldo. Deben explicar cómo se paga el arriendo, cómo se compran medicamentos o cómo se alimenta a los hijos, cuando la remuneración desaparece por una decisión administrativa. Porque detrás de cada embargo hay personas reales enfrentando problemas reales.

Resulta particularmente contradictorio escuchar discursos permanentes sobre el valor del esfuerzo, el mérito y el trabajo; mientras al mismo tiempo se impulsa una interpretación que permite perseguir precisamente el fruto de ese trabajo. Quien estudió con la esperanza de mejorar su situación económica termina siendo castigado por el mismo Estado que le ofreció esa oportunidad. Y quien trabaja para salir adelante descubre que el salario que ganó legítimamente puede transformarse en el objetivo de una cobranza que desconoce la protección que la ley quiso otorgarle.

La función de un gobierno es proteger a sus ciudadanos, no empujarlos al borde de la desesperación. Sin embargo, cada día parece más evidente que esta administración entiende el sufrimiento económico como una variable secundaria. Primero aumentan las dificultades para llegar a fin de mes y después buscan quedarse con los pocos recursos que aún conservan las familias.

Al parecer José Kast y sus ministros disfrutan humillar y ver sufrir a la clase trabajadora y sus políticas públicas se basan en el revanchismo. Presidente, para que me entienda, la historia, como las Escrituras bíblicas -ya que dice ser tan católico- nos recuerda una verdad simple: todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Conviene recordarlo cuando se toman decisiones que hacen sufrir a otros.