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Las concesiones se legitiman cuando el usuario percibe el valor de lo que paga, cuando las obras llegan a regiones que históricamente han esperado más, y cuando el empleo que generan es de calidad.
Un dato de la última cuenta pública de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, entregada en abril, merece atención: el año pasado, el sistema de concesiones generó en promedio más de 21.600 empleos mensuales directos en obras de construcción.
Son puestos de trabajo con nombre y dirección: familias de norte a sur del país, en regiones que no siempre cuentan con otra fuente de actividad económica formal. Ese número no aparece en el debate presupuestario que se da en octubre de cada año. Pero debería.
Chile enfrenta hoy una tensión conocida pero más aguda: las necesidades de infraestructura crecen mientras los recursos fiscales se estrechan. El costo de no invertir es enorme y silencioso -rutas que se degradan, hospitales que no se terminan, regiones que pierden competitividad- aunque rara vez aparezca en una glosa presupuestaria. Frente a ese hecho, la asociación público-privada no es una consigna ideológica. Es una herramienta probada.
Al cierre del año pasado, el sistema de concesiones registraba 81 contratos vigentes con una inversión comprometida de casi US$ 30.000 millones: autopistas, hospitales, aeropuertos, embalses y la primera desaladora concesionada del país. En 2025 se materializaron US$ 874 millones en inversión, un 18% más que el año anterior. Hay además una cartera adjudicada y en licitación que supera los US$ 7.000 millones adicionales en proyectos con identidad territorial a lo largo del país.
¿Podría el país financiar todo eso solo con presupuesto público? La respuesta es no. No existen los recursos, especialmente, en tiempos de recortes fiscales, tal como lo ha planteado el propio gobierno.
Los hospitales son el ejemplo más elocuente. Diez contratos de concesión hospitalaria vigentes en siete regiones, más de 4.200 camas comprometidas y cuatro recintos actualmente en construcción. Cuando la lista de espera en salud supera los dos millones de personas, cada mes de demora cuenta.
El actual modelo también posee desafíos. La permisología, los ajustes contractuales y las demoras en evaluación ambiental siguen siendo obstáculos reales. Desde el CPI hemos insistido en que el país necesita una política de infraestructura como política de Estado: con planificación estratégica de largo plazo, financiamiento estable y una alianza público-privada que se defienda no solo con cifras, sino con resultados concretos en la vida de las personas.
Las concesiones se legitiman cuando el usuario percibe el valor de lo que paga, cuando las obras llegan a regiones que históricamente han esperado más, y cuando el empleo que generan es de calidad.
Nuestro país hoy tiene los instrumentos, la institucionalidad y una cartera relevante para dar esa señal. Lo que se necesita es voluntad para ejecutar, capacidad para destrabar y sentido de urgencia para no seguir administrando rezagos.
La cuenta pública de Concesiones no es solo un informe técnico. Es un recordatorio de lo que es posible cuando el Estado y el sector privado trabajan con reglas claras y visión de largo plazo. En un año marcado por la restricción fiscal, ese recordatorio vale.
