La dura prosa del poder: entre la retórica y la gestión

Las campañas presidenciales suelen ser el terreno de la poesía política; el ejercicio del gobierno, en cambio, pertenece a la dura prosa de la realidad. Quienes aspiran a conducir el Estado suelen diseñar programas maximalistas, cargados de objetivos ambiciosos que, tarde o temprano, terminan chocando con la viabilidad técnica, presupuestaria o legislativa. Gobernar es, en gran medida, el arte de ajustar lo deseado a lo posible.

La historia reciente de Chile ofrece ejemplos elocuentes de este fenómeno. En su momento, el segundo gobierno de Michelle Bachelet prometió una reforma educacional estructural liderada por el ministro Nicolás Eyzaguirre, bajo la consigna de gratuidad y calidad; también una reforma tributaria liderada por el ministro Alberto Arenas con expectativas delirantes y por supuesto incumplidas, que han llevado al país a una situación dramática.

Hoy, a más de una década de distancia, importantes economistas y autoridades de la época reconocen el complejo impacto y las consecuencias de diseños que resultaron deficientes en su implementación. La realidad económica y social terminó imponiendo sus propios términos frente a la retórica de las promesas.

Lo que vino en el siguiente periodo con Gabriel Boric de Presidente, fue un estado de exaltación por cambios revolucionarios intentados de imponer a través de una Convención Constituyente, que la sabiduría del pueblo de Chile derrotó en las urnas en el Plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

Algunos botones de muestra de los planes constitucionales que eran a la vez planes de gobierno. Dentro del plan de seguridad de los convencionales izquierdistas estaba disolver Carabineros para formar una nueva institución, terminar con los estados de excepción, convivencia de varios sistemas de justicias incluidos algunos ancestrales absolutamente desconocidos.

En la acera opuesta, las tensiones metodológicas también se hacen presentes. Cuando el presidente Kast planteó para desde el primer día una política de shock frente a la crisis migratoria, la ciudadanía internalizó una expectativa de soluciones inmediatas.

Sin embargo, la compleja tarea de controlar y reconducir a miles de personas en situación irregular abrió un flanco de debate comunicacional, donde conceptos como la “metáfora” o la “hipérbole” surgieron para explicar la brecha entre el énfasis del discurso de campaña y las dificultades de la ejecución en el territorio. Se genera así un espacio de vulnerabilidad frente a una opinión pública exigente y un ecosistema de medios fuertemente fiscalizador con este gobierno, dispuesto a hacerlo con severidad en cada matiz.

Es en este escenario donde cobra relevancia la gestión de la ministra Trinidad Steiner y donde se evidencia una inédita anomalía en el debate público.

En el último tiempo se ha instalado la exigencia de que la conducción de la seguridad deba presentar un “programa” propio, una demanda ausente en administraciones previas —donde ministros del Interior de diversos signos asumían el cargo sin la necesidad de un texto programático particular—. La seguridad pública no se gestiona con promesas de campaña ni con dinámicas demagógicas; se ejerce mediante la aplicación estricta de la ley, el impulso de reformas legislativas pendientes y, fundamentalmente, el respaldo decidido a las policías.

Más aún, la pretensión de exigir un plan detallado y público para esta cartera reviste un contrasentido táctico evidente. En ninguna doctrina de seguridad sensata se concibe que la autoridad deba transparentar o “avisar” a las organizaciones criminales, narcotraficantes o terroristas cuáles serán sus próximos movimientos, metodologías o focos de persecución. La eficacia del Estado en esta materia radica en la reserva estratégica y en la sorpresa, no en la publicidad de sus cartas operativas ante la delincuencia.

El reciente operativo en la comunidad Temucuicui, que culminó con la captura y la compleja extracción en helicóptero de un avezado delincuente vinculado a actividades terroristas, es un reflejo de este principio. Frente a las discusiones semánticas y las exigencias de diagnósticos en papel que solo alertan al adversario, la autoridad respondió con el rigor del secreto operativo y con hechos consumados.

El fondo del asunto no es de carácter programático, sino de voluntad política. Es la superación de un problema ideológico que en el pasado llevó a liderazgos —incluyendo al propio expresidente Boric en su etapa parlamentaria y de candidato— a justificar o normalizar zonas de exclusión como territorios liberados. La efectividad en el combate al delito y al terrorismo no radica en la sofisticación de una narrativa electoral, sino en la determinación del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza legítima y hacer cumplir el Estado de Derecho donde sea necesario.