No puede una simple ley, impedir que cuatro futuros gobiernos y congresos puedan legislar sobre tributos.

Esta semana la Cámara de Diputados y Diputadas está discutiendo el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno, una iniciativa relevante para la gestión del presidente Kast.

Existe cierto consenso que después de varios años de déficit, que se ha suplido con fondos soberanos y endeudamiento, es urgente converger hacia un equilibrio fiscal y aumentar la tasa de crecimiento.

El Gobierno, con esta reforma, apuesta a desatar inversiones para gatillar crecimiento. Las principales críticas apuntan a que los supuestos de crecimiento son demasiado riesgosos y que el déficit fiscal se puede prolongar y agudizar y que el proyecto favorece a los sectores más ricos.

Aunque tengo coincidencias con algunos planteamientos del ejecutivo, que hice públicos durante la primaria presidencial, en la que propuse una invariabilidad tributaria de 10 años, un impulso a la construcción similar e incentivo a la repatriación de capitales, tengo diferencias profundas. No soy partidario de rebajar el impuesto corporativo, no soy partidario del crédito tributario a las grandes empresas, ni de relajar normas ambientales (sí reducir plazos y evitar trámites dobles), tampoco rebajar contribuciones a personas de alto patrimonio.

No obstante, entiendo que la apuesta del Gobierno se condice con su visión ideológica. Pero donde hay un error grave es en la invariabilidad tributaria. La propuesta cambia por ley el modelo económico, crea un sistema para chilenos y extranjeros que tengan acceso a proyectos de US$50 o más millones de dólares, accediendo a estabilidad tributaria, arancelaria, congelamiento de normas y directrices del SII, entre otras. Y el resto de empresas sin esas seguridades. Ello generará una asimetría que además de injusta provocará problemas de competencia, agudizará la concentración económica y dañará a grandes que no accedan a 50 millones de dólares y con más razón a pequeñas y medianas. Esto es incompatible con la Constitución vigente.

La invariabilidad ha resultado exitosa para atraer capitales en grandes proyectos de la minería, y podría serlo también en la gran infraestructura, concesiones y áreas industriales, sobre todo en la economía exógena.

Como por ejemplo, fundiciones, refinerías, energía renovable, hidrógeno verde, puertos, corredores bioceánicos, que impulsen al país a la economía del siglo XXI, con inversión también en investigación y desarrollo e innovación, en la transformación de nuestras materias primas y servicios más elaborados, con mayor valor agregado y menores impactos sociales y ambientales en los territorios y que sean seleccionado por una institución como el Consejo para la Infraestructura que integran expresidentes y exministros con una mirada transversal, sustentable y a largo plazo (En Investigación y Desarrollo llegamos al 0,71% del PIB, el promedio del OCDE es de 2,9%).

No puede una simple ley, impedir que cuatro futuros gobiernos y congresos puedan legislar sobre tributos, Chile es una República Democrática (artículo 4), la soberanía reside en la nación (artículo 5), la Constitución además protege la igualdad ante la ley (artículo 19 número 2) y la igual repartición de las cargas y tributos en el número 20. Por eso hay que corregir.

Reconozco que el ministro Quiroz y el gobierno han tenido disposición al diálogo, de hecho ya vía indicación y ante nuestras observaciones sacaron de la invariabilidad el IVA y la tasa tope del 35%. Pero falta más. También aceptó asegurar los recursos a los municipios, establecer mesas de trabajo para la crisis del agro y disposición a mantener la tasa en el 12,5 a las Pymes. Reducir el plazo, subir el monto de los proyectos, el quorum constitucional y lograr un acuerdo político y respaldo amplio, es fundamental. Lo que el país quiere y los inversionistas también, es estabilidad y acuerdos amplios. Ganar por un voto no va a desatar la inversión.

Lamento que en la Cámara de Diputados no haya existido más profundidad y voluntad de diálogo. Espero lo haga el Senado. Si esta reforma no genera crecimiento ni empleo y fallan sus supuestos, un próximo gobierno la puede dejar sin efecto por ley y no me cabe duda que el pueblo dará mayoría para eso. Salvo la invariabilidad tributaria, de la que emanan contratos ley con los inversionistas, que no se pueden alterar, de allí la relevancia de acotarla a grandes proyectos innovadores estructurales necesarios, vía negociación gobierno / oposición. Chile nos espera.