Elecciones generales en Perú: ¿otro sombrero se asoma?

El Perú vuelve a enfrentarse a un momento decisivo. El actual proceso electoral no solo definirá al próximo presidente para el periodo 2026–2031 -quien asumirá el 28 de julio-, sino que también vuelve a evidenciar una constante preocupante en su sistema político: fragmentación extrema, instituciones tensionadas y una polarización que, lejos de disiparse, se consolida elección tras elección.

Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 91,070% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori alcanza el 17,008% de los votos válidos, seguida por Roberto Sánchez con un 12,058%. Aunque en distintos momentos se habló de un eventual triple empate con Rafael López Aliaga y Jorge Nieto, lo cierto es que, con la información oficial disponible, todo indica que Fujimori y Sánchez disputarían la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

El patrón se repite. En la elección anterior, Keiko Fujimori ya había llegado al balotaje frente al profesor Pedro Castillo, en una contienda que dividió profundamente al país. Hoy, Perú vuelve a ese escenario binario, donde proyectos políticos opuestos canalizan un electorado fragmentado y, en muchos casos, más movilizado por el rechazo que por la adhesión.

Fujimori, en su cuarta candidatura presidencial, representa una propuesta de continuidad del modelo económico, con énfasis en la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la inversión privada y una agenda de seguridad más firme. Su base se concentra principalmente en sectores urbanos que priorizan certidumbre y orden.

Por su parte, Roberto Sánchez emerge desde la izquierda con una trayectoria política relevante. Psicólogo de profesión, con estudios de posgrado y originario de Huaral, fue congresista por Perú Libre -el partido que llevó al poder a Pedro Castillo- y se desempeñó como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante ese gobierno. Su candidatura busca captar el voto de sectores históricamente postergados, especialmente en el mundo andino.

Sin embargo, para entender el fenómeno electoral actual, es clave hacer una distinción que suele simplificarse en el debate público: Roberto Sánchez no es Pedro Castillo, y reducir su identidad política a gestos simbólicos -como el uso del sombrero andino- puede inducir a errores de análisis.

El sombrero, en el caso de Castillo, no fue un accesorio menor. Se transformó en un símbolo potente de representación: encarnaba al Perú rural, al maestro de escuela, al mundo andino históricamente excluido del poder central. Castillo construyó una narrativa de outsider que desbordó lo político y se convirtió en un fenómeno sociológico: alguien que no solo hablaba en nombre de los marginados, sino que era percibido como uno de ellos.

En cambio, Roberto Sánchez, si bien intenta conectar con ese mismo electorado -y en ocasiones recurre a códigos visuales o discursivos similares-, proviene de una trayectoria distinta. Es un actor político con experiencia institucional: fue congresista, ministro de Estado y parte de una estructura partidaria. No es un outsider en el mismo sentido que lo fue Castillo en 2021.

Además, hay diferencias en la construcción de liderazgo. Castillo emergió en un contexto de alta volatilidad y capitalizó un voto de ruptura, con un discurso más confrontacional frente al establishment. Sánchez, en cambio, articula una propuesta desde la izquierda, pero con mayor énfasis en la gestión pública y en la continuidad de ciertos marcos institucionales, aunque plantee reformas.

También hay una diferencia en el momento político. Castillo llegó al poder en medio de una crisis profunda de representación. Hoy, el electorado peruano, si bien sigue fragmentado, está más expuesto a los costos de esa experiencia reciente, lo que introduce mayores niveles de cautela.

En lo programático, Sánchez ha planteado una mayor presencia del Estado en la economía, revisiones al modelo económico vigente y posturas críticas respecto de quién hoy dirige el Banco Central de Reserva, lo que genera inquietud en sectores empresariales.

En paralelo, la configuración del nuevo Congreso bicameral comienza a tomar forma y confirma una fragmentación estructural del sistema político. De acuerdo con los avances electorales, al menos seis fuerzas lograrían representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con presencia relevante de partidos como Keiko Fujimori a través de Fuerza Popular y Rafael López Aliaga mediante Renovación Popular, junto a otras agrupaciones de centro y de izquierda.

Sin embargo, ninguna de ellas alcanzaría mayoría propia en ninguna de las dos cámaras (130 diputados y 60 senadores), configurando un Congreso altamente atomizado. La correlación de fuerzas sugiere un equilibrio inestable entre bloques ideológicos, donde la derecha no logra imponerse con holgura y la izquierda tampoco consolida una mayoría clara, obligando a construir acuerdos transversales en un contexto de alta desconfianza.

Este diseño anticipa un escenario de gobernabilidad compleja, con negociaciones permanentes, alianzas volátiles y un riesgo constante de bloqueo político, replicando las tensiones que han marcado la relación entre Ejecutivo y Legislativo en el Perú reciente.

El proceso, además, ha estado marcado por cuestionamientos. Durante la jornada electoral del pasado domingo 12 de abril, al menos 211 mesas no pudieron instalarse oportunamente por la falta de kits electorales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales atribuyó el problema a fallas logísticas, mientras que la empresa involucrada presentó sus descargos. A su vez, el Jurado Nacional de Elecciones ha abierto una investigación contra el presidente de la ONPE.

En este contexto, han surgido denuncias y sospechas de un supuesto fraude. Rafael López Aliaga ha llamado a movilizaciones, mientras que Jorge Nieto ha exigido pruebas antes de validar esas acusaciones.

El resultado es un escenario complejo: instituciones bajo presión, narrativas en disputa y una ciudadanía que observa con desconfianza. La segunda vuelta no solo enfrentará a dos candidatos, sino a dos visiones de país, en un clima donde la legitimidad será tan importante como el resultado mismo.

El próximo gobierno deberá administrar no solo una economía desafiante, sino también una sociedad fracturada y un sistema político debilitado. Y en ese contexto, como ya se ha vuelto habitual en el Perú contemporáneo, cualquier pronóstico debe hacerse con cautela. Porque, en definitiva, en el Perú, cualquier cosa puede ocurrir; aunque importante siempre será, que quien gane, ponga a los peruanos al centro, a ese ciudadano que sigue votando y cumple el rol que le corresponde con un sueño, el de ver un gobierno que lo represente.