De acuerdo con lo informado por medios de comunicación, hasta 150 millones de dólares podría repartir cada año Minera Tarar SpA -el vehículo de la asociación público-privada que explotará el Salar de Atacama- a las comunidades indígenas e instituciones regionales, como consecuencia de la consulta indígena llevada adelante por Corfo para la extracción de minerales, en especial litio, en el Salar de Atacama.
¿Cómo llegamos a esto? En 2009, Albemarle pretendía ampliar su planta para hacerse cargo de la mayor demanda mundial de litio. La evaluación ambiental del proyecto había sido particularmente difícil, y tardíamente se agregaba un factor que podía hacerla fracasar: la aplicación del recientemente ratificado Convenio 169 de la OIT.
Citando informes de Comités de DDHH de la ONU, comunidades indígenas exigían que se les consultara sobre el proyecto en forma previa al otorgamiento de licencias de explotación de litio.
El Convenio 169 acababa de ser aprobado en el Congreso y la forma en que se aplicaría era una incógnita. ¿Qué implicaba la obligación de consulta y cómo se haría? La respuesta vino años después (y de manera imperfecta) a través de la dictación del reglamento de la Consulta Indígena publicado en 2014.
Ante la incertidumbre y por exigencia de CONADI, Albemarle tomó la decisión de viabilizar su proyecto mediante un diálogo directo con las comunidades de Peine y del Consejo de Pueblos Atacameños, pese a que éstas no resultaban afectadas.
Este diálogo desembocó en un “Convenio de Cooperación, Sustentabilidad y Beneficio Mutuo” que significó el traspaso del 3,5% de las ventas anuales de litio a dichas comunidades para proyectos de desarrollo. Aunque el monto del aporte es confidencial, si se consideran las ventas anuales reportadas por la empresa para 2025, suma varios millones de dólares, es decir, miles de millones de pesos.
El precedente de pagar un porcentaje de las ventas fue considerado altamente riesgoso por los inversionistas y desarrolladores de proyectos productivos, por lo que nunca volvió a utilizarse.
El riesgo era mayúsculo: que la consulta indígena se transformara en un mecanismo de extorsión institucional para negociar una participación de algunas personas en las utilidades de inversionistas en lugar de un foro para la discusión de los impactos de estos proyectos para las comunidades indígenas aledañas y la búsqueda de mecanismos para evitarlos, o en su defecto mitigarlos o compensarlos.
Hoy la licencia indígena se compra, por lo tanto, está cada vez más alejada de la idea que la inspiraba: el fruto de un proceso de escucha recíproca, de respeto intercultural, y cada vez más parecida a una negociación con una pistola bajo la mesa.
Y con el acuerdo de Corfo, esta negociación se centrará exclusivamente en la fórmula para determinar cuántos recursos son transferidos a estas minorías, sin considerar la afectación que las sustenta. Es el efecto de darle a unos pocos un derecho a veto desmedido.
No será fácil volver a un equilibrio razonable, pero es un esfuerzo que vale la pena hacer, y al que no podemos renunciar. En un contexto de estrechez fiscal y múltiples necesidades ciudadanas, bien vale preguntarse si la distribución más justa de esos cuantiosos recursos, que provienen de la explotación de litio, es destinarlos a pequeños grupos de presión a quienes les otorgamos mucho poder de negociación.
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