Un testimonio entregado a Carabineros de Chile abre flancos en una trama judicial marcada por disputas patrimoniales, presuntas maniobras procesales y la intervención de estudios jurídicos con alto poder de influencia, y que todo el proceso estuvo lejos de los flash.
Se trata de la declaración voluntaria del empresario Manuel Horacio Cuesta Wasser, quien el 10 de octubre de 2025 relató ante funcionarios del OS-9 una serie de hechos que, a su juicio, evidencian la articulación de una estrategia legal destinada a bloquear su causa penal contra Renato Traverso, el empresario vinagrero, y revertir decisiones judiciales adversas a sus contrapartes.
El eje del relato apunta directamente al abogado Jorge Meneses Rojas y a un circuito de acciones coordinadas que habrían incidido en el curso de una investigación por fraude procesal, cuando Manuel Guerra era el fiscal Regional Oriente y Mario Vargas con Eduardo Lagos deambulaban por los pasillos de los tribunales.
“Comenzaron a realizar diligencias”
En su declaración, Cuesta describe el momento en que la Fiscalía Centro Norte se preparaba para formalizar a un grupo de imputados, entre ellos el abogado Jorge Meneses Rojas, Sthepan Lührmann Ortiz y el abogado Roberto Narváez Parra.
Según su testimonio, al que tuvo acceso la unidad de investigación de Radio Bío Bío, fue en ese punto donde se activaron gestiones externas: “Desde ese minuto, todas estas personas que serían formalizadas comenzaron a realizar diligencias, que gran parte de ellos son del estudio ‘Grasty y Quintana’”.
Entre esos nombres, el empresario identifica a Meneses, a quien sitúa como un actor que sería clave para lograr destrabar la inminente formalización.
La jugada: cambiar la competencia
El testimonio detalla que, tras esa gestión, se habría instalado una estrategia procesal: sacar la causa de la jurisdicción donde avanzaba la investigación para llevarla a la Fiscalía Oriente, que en ese momento dirigía Manuel Guerra, lo que finalmente se materializó.
La secuencia, según Cuesta, se concretó el mismo día de la audiencia de formalización.
Describe la presencia masiva de abogados que representaban a Traverso, Meneses y sus otros dos colegas, mantuvieron un diálogo previo con la jueza que terminaría marcando el destino del caso.
Para el empresario, según su declaración ante la policía en el proceso fue la siguiente: “Antes de dar inicio a la formalización, Cortés y Arias (Abogados de los imputados) dialogaron con la jueza. Luego la jueza sin mayores argumentos se declaró incompetente”.
El efecto fue inmediato: la causa salió de la Fiscalía Centro Norte y pasó a la Fiscalía Oriente.
Sobreseimiento exprés
El punto más crítico del relato es lo que ocurrió después del cambio de competencia. Cuesta asegura que, en un plazo inferior a cuatro meses, la causa fue cerrada sin profundizar la investigación: “En menos de cuatro meses (…) pide el sobreseimiento de toda la causa, así de simple”.
El empresario cuestiona directamente la decisión y apuntó a la ausencia de revisión de los antecedentes ya recopilados. De hecho en su declaración advirtió que la decisión no pasó por hacer caso a la carpeta investigativa, la que conducía a la formalización de Traverso, Meneses y los otros abogados, sino que simplemente terminaron la causa en ese momento.
La tesis del “no daño”
Otro elemento relevante del testimonio es la justificación que, según el declarante, se utilizó para cerrar el caso: “No había un daño mayor (…) las razones (…) es que no existiría un daño patrimonial en esta transacción”.
Una conclusión que contrasta —según el propio Cuesta— con lo resuelto en sede civil, donde tribunales superiores sí determinaron el pago por casi $3 mil millones de Traverso a él.
Traverso y Cuesta
Pero para entender esta historia, todo comenzó entre Renato Traverso y Manuel Cuesta como una relación de confianza la que terminó convertido en uno de los conflictos judiciales más extensos y complejos del mundo empresarial chileno. Manuel Cuesta, empresario inmobiliario, y Renato Traverso, ligado al holding de productos Traverso, terminaron en duras batallas judiciales.
El origen está en una operación que, según Cuesta, tenía un carácter estrictamente instrumental. En medio de dificultades financieras para concretar un proyecto inmobiliario, transfirió el control de su sociedad —Inmobiliaria e Inversiones Santa Anita— a Traverso, con el objetivo de viabilizar financiamiento bancario. La condición, asegura, era clara: una vez superada la contingencia, la propiedad debía ser restituida, mientras Cuesta conducía la empresa en calidad de gerente general.
Ese punto marca el quiebre.
Cuesta sostiene que Traverso no solo incumplió ese acuerdo, sino que consolidó el control de la compañía y sus activos mediante una serie de operaciones societarias. Entre ellas, la transferencia de bienes a empresas relacionadas como Traverso S.A. y Plásticos PET, lo que —según la tesis del demandante— terminó por despojarlo de propiedades avaluadas en más de 15 millones de dólares.
El conflicto se trasladó entonces a tribunales civiles. Tras años de litigio, los fallos fueron a favor de Cuesta: se ordenó revertir las operaciones, restituir la titularidad de la sociedad y pagar indemnizaciones que superan los $3.000 millones. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, las resoluciones judiciales dieron paso a una nueva etapa.
La disputa ingresó al ámbito penal
En esa arista, el foco dejó de estar exclusivamente en Traverso y se amplió hacia su entorno jurídico. Aparecen nombres de abogados claves: Jorge Meneses Rojasm, Sthepan Lührmann y otros profesionales que participaron en la defensa y en la estrategia judicial del empresario.
La hipótesis que se instala es más grave: no solo habría existido un conflicto patrimonial, sino también una serie de maniobras destinadas a incidir en el curso del proceso judicial. Entre ellas, la utilización de actos societarios y presentaciones judiciales que —según la Fiscalía— habrían buscado alterar la posición de las partes en tribunales e incluso dejar sin efecto decisiones ya adoptadas.
En ese contexto, las querellas ingresadas apuntan a delitos como fraude procesal, estafa, falsificación de instrumento público y asociación ilícita, elevando el caso desde una controversia comercial a uno penal.
El eje de la investigación se sitúa precisamente en ese punto: determinar si las actuaciones legales desplegadas en defensa de Traverso se mantuvieron dentro de los márgenes del litigio o si, por el contrario, o si estas maniobras pudieran ser constitutivas de delito.
Lo que detectó la Corte de Apelaciones de San Miguel
El conflicto dio un giro crítico cuando la Corte de Apelaciones de San Miguel comenzó a revisar las actuaciones en segunda instancia. No se trató solo de una apelación más: lo que el tribunal observó fue una estructura anómala dentro del propio proceso.
Según los antecedentes expuestos en la causa, la estrategia desplegada por el entorno de Renato Traverso, con la participación de abogados como Jorge Meneses, apuntaba a incidir directamente en el resultado judicial. La Fiscalía Centro Norte, antes de que el caso llegue a la Oriente, sostenía que ese objetivo se materializó mediante una maniobra que buscaba engañar al propio tribunal de alzada.
“Habrían tratado de engañar a la Corte de Apelaciones de San Miguel con maniobras (…) ‘delictuales y escandalosas’”.
El núcleo de esa operación, de acuerdo con la investigación, consistía en intervenir la representación de la sociedad Inmobiliaria Santa Anita, eje del litigio, mediante cambios internos que alteraban quién comparecía ante la Corte.
En la práctica, y esto es lo que tensionó el proceso, se generó una situación donde una misma estructura controlada por Traverso pasaba a ocupar ambos lados del juicio: demandante y demandado. Una configuración que, en términos procesales, comprometía la validez de cualquier acuerdo o presentación judicial.
La Corte de San Miguel, al advertir estas irregularidades, no solo mantuvo la revisión del caso, sino que dejó en evidencia que el conflicto había dejado de ser una simple disputa civil sino que pasaba a una eventual comisión de delito.
En ese contexto, la arista penal toma fuerza: la Fiscalía Centro Norte apuntaba a que los abogados involucrados no solo defendieron a su cliente, sino que habrían participado en una estrategia destinada a alterar la integridad del procedimiento judicial.
Megatime: la historia se repite
El conflicto al interior de Megatime, empresa clave en la medición de inversión publicitaria en Chile, no pasó desapercibido. Se trató de la ruptura definitiva entre sus socios históricos, Fabio Traverso y Elías Selman, tras más de 30 años de operación conjunta. La fractura se produjo en 2020, en medio del impacto económico de la pandemia, y rápidamente derivó en una escalada judicial: querellas por administración desleal, denuncias por uso indebido de información y disputas por el control de la compañía.
Según detalla DF MAS, la pugna cruzó todos los frentes. No solo se activaron acciones penales ante el Ministerio Público, sino también litigios civiles y arbitrajes, junto con presentaciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
El fondo del conflicto apunta al manejo de recursos, decisiones estratégicas adoptadas en la crisis sanitaria y eventuales desvíos en la gestión societaria por parte de Traverso y sus equipos.
En este entramado, aparece nuevamente el abogado Jorge Meneses Rojas, quien asume la representación ahora no de Renato Traverso sino de su hermano, Fabio Traverso. Su rol nuevamente no es menor, se le sindica como el articulador del fraude, mantienendo que las imputaciones responden a posibles comisiones de delitos.
En esta causa, también instalada en la Fiscalía Oriente, los mismo abogados que estuvieron en el casos Traverso/Cuesta lograron que el ente persecutor pidiera el cierre de la investigación ahora en el caso Traverso/Selman, en una jugada que buscaba poner término anticipado a la arista penal.
Sin embargo, el equipo de Elías Selman logró revertir esa decisión en la Corte de Apelaciones, forzando la acusación y llevando el caso a juicio oral, reactivando una causa que había quedado al borde del cierre.
Primus Capital
El caso Primus Capital estalló como uno de los mayores conflictos financieros en el circuito ABC1 de “Sanhattan”, con acusaciones cruzadas por un presunto fraude que, según la propia compañía, habría implicado el vaciamiento de la firma mediante cheques falsos, operaciones irregulares y una estructura societaria paralela montada por ex altos ejecutivos.
En ese contraataque aparece el núcleo de nombres que hoy cruzan esta y otras causas: la defensa quedó en manos del exfiscal Manuel Guerra, junto al abogado Mario Vargas Cociña -ambos actualmente en prisión preventiva-, además de Jorge Meneses Rojas.
El caso no solo escaló por el monto, que luego derivó en formalizaciones por operaciones con facturas falsas y perjuicios que superan los $100 mil millones para los representados por Guerra, Vargas y Meneses, sino que hoy vuelve a estar bajo la lupa por el patrón que expone. Según fuentes que analizan estos expedientes, existe un claro parecido con otros casos donde el eje son disputas societarias que terminan derivando en ofensivas penales, con los mismos actores jurídicos repitiéndose en causas de alta complejidad económica.
Transferencias de Vargas
En la búsqueda y cruce de nombres, Jorge Meneses Rojas aparece vinculado al desglose de transferencias de Mario Vargas Cociña, en el contexto de la indagatoria del caso “muñeca bielorrusa”. De hecho, según las mismas fuentes que han tenido acceso a la carpeta investigativa, al ingresar los datos en una planilla de Excel, que consolida la información bancaria, se identifican depósitos realizados por Vargas a Meneses.
Es más, al contrastar todos los antecedentes, incluido el RUT, los resultados arrojan coincidencias positivas en el sistema de búsqueda.
Cabe señalar que el equipo de investigación de Radio Bío Bío tomó contacto con Jorge Meneses, quien, al cierre de este artículo, aún no ha respondido a las llamadas ni mensajes.
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