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El instituto fue, durante al menos tres décadas, el vivero más prolífico de la política chilena de centroizquierda.
A propósito de la solicitud de renuncia por parte de la ministra de Desarrollo Social al director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, se hace necesario reflexionar acerca de la manera en que el Estado se hace cargo de las políticas públicas de juventud.
Hay una ironía que los conocedores de la política chilena prefieren no mencionar en voz alta: algunos de los parlamentarios más activos que hoy cuestionan la eficiencia del Instituto Nacional de la Juventud pasaron, en algún momento de sus carreras, por sus pasillos.
Esa paradoja, incómoda pero real, dice más sobre el INJUV que cualquier evaluación de la DIPRES: durante décadas, el servicio funcionó menos como una política pública orientada a los jóvenes chilenos y más como una escuela de cuadros para los partidos de la Concertación y sus aliados.
El Injuv nació el 16 de febrero de 1991, por la Ley N° 19.042 firmada por el presidente Patricio Aylwin. Vino a reemplazar a la Secretaría Nacional de la Juventud y a saldar, como decía la Concertación, una “deuda histórica” con la generación que había protagonizado la recuperación democrática.
Sus primeros directores nacionales tenían un perfil técnico-político reconocible: eran jóvenes profesionales con militancia activa, que usaron el servicio para aprender a administrar lo público, construir redes y proyectarse.
La lista de quienes pasaron por el Injuv —como funcionarios, coordinadores regionales o contratistas— y luego llegaron a cargos de representación popular o altas posiciones ministeriales no es anecdótica: es un patrón. El instituto fue, durante al menos tres décadas, el vivero más prolífico de la política chilena de centroizquierda.
El Instituto, cuya finalidad expresada en la ley 19.042 es “un organismo técnico, encargado de colaborar con el Poder Ejecutivo en el diseño, la planificación y la coordinación de las políticas relativas a los asuntos juveniles”, contaba con una planta de apenas 26 funcionarios para atender a 4,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años.
Claramente el diseño legal no funcionaba para desarrollar el semillero. Entonces, se ideó un mecanismo que hizo posible transitar de un ente formulador a uno ejecutor directo de políticas públicas.
El mecanismo tiene nombre y apellido: el convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A partir del año 2000, y consolidado definitivamente en torno a 2019, el Injuv comenzó a externalizar la totalidad de su ejecución programática a través de este acuerdo marco.
La lógica inicial era comprensible: el PNUD le permitía prácticamente duplicar su dotación operativa, contratar unas 140 personas adicionales al año y absorber el presupuesto con mayor velocidad. En 2017, solo ese convenio movilizó recursos por alrededor de US$ 4,4 millones, cerca de un tercio del presupuesto total anual del instituto, que rondaba entre los $7.500 y $8.000 millones. A esas alturas, prácticamente la totalidad de la oferta programática del servicio se ejecutaba por esta vía.
El costo no era solo financiero -aunque ese tampoco era menor: el PNUD cobraba un 7% por cada transacción como margen de administración-. Sobre el 100% del presupuesto programático, eso equivale a transferir al sistema de Naciones Unidas recursos que deberían llegar directamente a los jóvenes.
Pero el costo real era otro: la facultad que el director nacional del Injuv conservaba para determinar quién coordinaba los proyectos ejecutados por el PNUD abrió, según denuncias recogidas por CIPER en 2018 y verificadas por la Contraloría, una puerta de entrada sistemática para militantes de las juventudes de los partidos oficialistas.
En una revisión aleatoria de 149 contratados bajo el convenio durante el segundo semestre de 2017, al menos 30 tenían vínculos directos con las juventudes del PPD, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el MAS y el Partido Radical. El propio exdirector regional del INJUV de Arica, Paulo Bustamante, fue categórico: “El gasto en personal a honorarios del PNUD supera a la ejecución de los programas”. Se destinaban más recursos a pagar a operadores políticos que a atender a los jóvenes.
El primer intento serio de romper esa lógica llegó desde la reforma al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) de 2016. La reforma, impulsada como parte de la Agenda de Probidad post escándalos del primer gobierno de Bachelet, incorporó al Injuv al sistema de concursos públicos junto con Fonasa y el SENAME. Pero el convenio Injuv-PNUD se mantuvo inalterable.
En el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera se intentaron hacer varios cambios, se agrupó la oferta programática en 3 ejes: cívico-social, donde no sólo se reconoció la realidad, sino que se manifestó la necesidad del fomento de la participación política (tradicional y vía sociedad civil) de los jóvenes; laboral-vocacional, como respuesta al fenómeno de los jóvenes que no estudian ni trabaja (llamados NINI); y el físico-mental. El otro gran cambio fue incorporar a otros agentes a la ejecución de la oferta programática, con el piloto INJUB, que buscaba desarrollar centros de innovación y emprendimiento, con un marcado sentido de propósito, adoptando la visión del ecosistema B.
Gran parte de ese esfuerzo se vio opacado por tres acontecimientos, dos de ellos ampliamente conocidos, como lo fue el estallido social y la pandemia. Pero antes de eso hubo un remezón interno incluso más fuerte dentro del INJUV: la filtración de una minuta desde la Dirección Nacional del servicio dirigida al ministro Sichel, que abordaba el cierre del Injuv.
El “incendio” fue mayúsculo, con movilización de agrupaciones de trabajadores, la petición de la salida del Director Nacional (que eventualmente se concretó) y un proceso de reflexión interna acerca de la eficiencia y eficacia de un servicio público que era públicamente conocido por organizar conciertos y entregar preservativos.
En el gobierno de Gabriel Boric el declive se fue pronunciando, se acabaron los INHUB (quedaron algunos espacios físicos), los fondos Participa fueron mal evaluados, y el programa “Hablemos de todo”, que busca hacer frente a la problemática de la salud mental juvenil, no da respuesta a un fenómeno transversal cada vez más complejo. El punto final, fue dejar sin financiamiento el convenio Injuv-PNUD para el año 2026, despidiendo, sin lugar a indemnización y en precariedad laboral, a los ejecutores directos de los programas.
Lo que hoy enfrenta el Injuv no es solo una crisis de gestión: es el colapso de un modelo. El término anticipado del convenio con el PNUD — vigente hasta diciembre de 2026 pero interrumpido antes de plazo — ha dejado sin financiamiento operativo a la ejecución real de los programas.
Según Afinjuv, la asociación de funcionarios del servicio, eso equivale a la pérdida de 38 puestos de trabajo bajo contrato PNUD, a poner en riesgo la presencia territorial del instituto en regiones como Maule y Aysén, y a dejar sin respaldo financiero concreto programas como “Hablemos de Todo” y “Compromiso Joven”.
A esto se suma un recorte presupuestario de 1.300 millones de pesos en la Ley de Presupuestos 2026, el más severo desde 2021, año en que comenzó una disminución sostenida que ya acumula cinco ejercicios consecutivos. En paralelo, la Bancada del Frente Amplio presentó la Solicitud de Resolución N° 1351 aprobada en la Cámara, que propone disolver el servicio y crear una Subsecretaría de las Juventudes. El INJUV está, simultáneamente, sin presupuesto y en la mira legislativa.
¿Qué debería hacer el gobierno con el INJUV?
La respuesta fácil es la que tiene más adherentes políticos en este momento: eliminarlo, transformarlo en una subsecretaría o simplemente dejarlo morir por inanición presupuestaria.
Pero hay una tercera vía que exige más coraje político y más imaginación institucional. El Injuv no necesita más burocracia ni menos; necesita cambiar de rol.
Un país donde uno de cada cinco jóvenes menores de 25 años está desempleado —cifra que el propio Injuv registra, aunque con variaciones según el período— no puede darse el lujo de disolver el único servicio del Estado dedicado exclusivamente a ese tramo etario.
Puede, en cambio, reconvertirlo en un articulador técnico: que diseñe estándares, evalúe impacto, apalanque recursos de los fondos FIC y FNDR de los Gobiernos Regionales, y fortalezca las Oficinas Municipales de Jóvenes como terminales territoriales de servicios. Así lo hacen, con variaciones de escala, el National Youth Agency del Reino Unido y el Imjuve de México.
El Injuv ha sido un semillero político extraordinariamente efectivo. El problema es que lo que sembraba no era siempre política pública: era, con demasiada frecuencia, clientelismo disfrazado de voluntariado.
El desafío del gobierno que acaba de asumir no es vengar esa historia reemplazando a una camada de operadores por otra. Es preguntarse, con honestidad, qué le debe el Estado chileno a los casi cuatro millones de jóvenes que tienen entre 15 y 29 años hoy, en 2026, y si el aparato institucional disponible está a la altura de esa deuda.
Esa pregunta no se responde sin coraje ni determinación –que al parecer son dos cosas que posee el actual gobierno-, se responde con un proyecto de largo plazo que no le tenga miedo a la evaluación ni a la rendición de cuentas, que son indispensables para este tiempo. Un semillero sin agua no produce futuro. Produce desierto.
