El desafío pasa por cómo compensar esa menor recaudación para no generar déficit, ya sea revisando otras fuentes de ingreso o derechamente ajustando el gasto público.
Ante cualquier intento de disminuir la carga tributaria, algunos políticos y analistas suelen insistir en que dichas iniciativas solo benefician a los más ricos y que la menor recaudación genera un impacto particularmente negativo en el desarrollo del país. ¿Es esto cierto?
Primero, sobre el argumento de que bajar estos impuestos solo beneficia al 1% más rico. No es así.
La comisión Marfán, convocada por el propio Ministerio de Hacienda en la administración Boric informó que 34 de los 38 países de la OCDE redujeron el impuesto a las empresas este impuesto entre 2000 y 2023, varios de forma importante. Chile, en cambio, fue el único que lo aumentó, pasando de 15% a 27%. Y según el mismo informe, eso habría tenido un efecto negativo en el PIB de alrededor de 7,8%.
Por lo mismo, la citada comisión recomendó bajar el impuesto a las empresas, bajo la lógica explicada por el propio exministro Mario Marcel, de que una reducción de impuestos de este tipo incentiva la inversión y, con eso, genera más empleo y mejores sueldos.
En ese sentido, cuesta sostener que esto beneficie solo a los más ricos, la realidad es que el efecto que genera termina impactando al conjunto de la economía.
Segundo, sobre el argumento también muy repetido de que al bajar este impuesto corporativo cae la recaudación y que, al menos en el corto y mediano plazo -unos 10 años-, el mayor crecimiento no alcanza a compensar esa pérdida. Bajo esa lógica, reducir el impuesto corporativo sería un mal negocio.
Sin embargo, hay una pregunta de fondo: ¿qué se prioriza, el Estado o las personas? Si la prioridad es el Estado, es evidente que una menor recaudación se ve como algo negativo. En cambio, si se pone el foco en las personas y en los efectos que esto puede tener en inversión, empleo y salarios, entonces la conclusión es distinta.
En ese caso, el desafío pasa por cómo compensar esa menor recaudación para no generar déficit, ya sea revisando otras fuentes de ingreso o derechamente ajustando el gasto público.
Además, hay que mirar el contexto actual. Chile lleva más de una década con un crecimiento bajo, y en el gobierno de Gabriel Boric el promedio fue solo de 2%, lejos del 3% de crecimiento que el mismo expresidente Boric proyectaba.
El desempleo sigue sobre el 8%, acompañado de una preocupante cifra de informalidad laboral, mientras la reducción de la pobreza se ha vuelto cada vez más dependiente del gasto estatal.
Este escenario hace poco sostenible en el tiempo continuar reduciendo agresivamente la pobreza, menos aún acelerar la movilidad social que Chile necesita.
Por eso, más que una discusión abstracta, esta es una decisión técnica y sobre todo de principios. Si la idea es reactivar el crecimiento y mejorar las oportunidades, tiene sentido poner al centro del debate a las personas y no al Estado.
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