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Las cifras reemplazan a los nombres, y las responsabilidades se difuminan entre discursos geopolíticos. En ese proceso, las víctimas pierden dos veces: primero, por la violencia sufrida; luego, por el olvido.
31 de marzo no es solo una fecha. Es el día en que el mundo conoció Bucha, símbolo de la tragedia y del despertar moral de la comunidad internacional.
Hace cuatro años, tras la retirada de las fuerzas rusas, el mundo vio civiles asesinados en las calles, fosas comunes en los patios y numerosas pruebas de tortura. Una de las escenas que dio la vuelta al mundo: cuerpos de civiles con las manos atadas, abandonados en las calles. No eran imágenes de guerra: eran pruebas de ejecución.
Para conmemorar el aniversario de la liberación de Bucha, llegó a esta ciudad la comitiva de 15 cancilleres de países de la Unión Europea, encabezada por la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. Al recordar a las víctimas inocentes de la barbarie rusa, todos ellos enfatizaron que los crímenes cometidos en esta ciudad y en toda Ucrania no pueden ni deben quedar impunes.
Bucha no fue un accidente ni un daño colateral inevitable en medio de combates. Fue, según múltiples investigaciones independientes, el resultado de acciones sistemáticas contra civiles en un contexto de ocupación militar. En cualquier marco jurídico serio, eso tiene un nombre: crímenes de guerra. Y frente a ellos, el derecho internacional no ofrece ambigüedades, sino obligaciones claras.
La historia nos enseña que estos crímenes no quedan impunes. Desde el Tribunal de Núremberg hasta los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, la justicia puede retrasarse, pero es inevitable.
Sin embargo, la historia reciente demuestra que la justicia internacional a veces avanza con lentitud. El riesgo más evidente, cuatro años después, es la normalización. Las guerras prolongadas tienden a diluir la indignación inicial, a convertir lo extraordinario en rutina informativa.
Las cifras reemplazan a los nombres, y las responsabilidades se difuminan entre discursos geopolíticos. En ese proceso, las víctimas pierden dos veces: primero, por la violencia sufrida; luego, por el olvido.
Hoy, Ucrania y sus socios impulsan la creación de un Tribunal Internacional Especial sobre el crimen de agresión, destinado a responsabilizar a altos mandos políticos y militares de Rusia. El sistema internacional de justicia ya dio un paso importante: en marzo de 2023, la Corte Penal Internacional en La Haya emitió una orden internacional de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y la llamada “defensora de la niñez” Maria Lvova-Belova, ambos sospechados de la deportación ilegal de miles de niños ucranianos.
Para finales de marzo de 2026, 14 países ya confirmaron su disposición a unirse al acuerdo sobre la creación del Tribunal Especial, y la cifra sigue creciendo. Es porque la magnitud de los crímenes de Rusia en Ucrania, cometidas durante 4 años de la agresión, no tiene precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
El crimen de agresión, según los juristas, es la “madre” y la causa principal de todos los crímenes de guerra, pero hasta ahora ningún órgano de justicia internacional ha tenido la potestad para juzgarlo, por lo que la creación de un tribunal especial surge como una solución.
El futuro tribunal será uno de los tres elementos clave de la infraestructura internacional de responsabilidad, junto con la Comisión de Reclamaciones y el Registro de Daños. Y lo más importante: no habrá amnistía para los criminales rusos, incluidos los líderes políticos y altos mandos militares.
Desde un país como Chile, geográficamente distante pero históricamente marcado por sus propias violaciones a los derechos humanos, la memoria no puede ser selectiva. Sabemos —por experiencia propia— que la impunidad prolonga el daño y que la justicia tardía, aunque imperfecta, sigue siendo necesaria. Bucha interpela también nuestra coherencia: la defensa de los derechos humanos no puede depender de alineamientos políticos ni de conveniencias estratégicas.
A cuatro años de Bucha, el desafío sigue vigente. No basta con recordar; es necesario insistir. Insistir en que los crímenes de guerra no prescriben moralmente, aunque los procesos judiciales se dilaten. Insistir en que la comunidad internacional no puede acostumbrarse a la barbarie. Insistir en que la dignidad humana no es negociable, ni siquiera —o especialmente— en tiempos de guerra.
Porque si Bucha se convierte solo en una fecha más en el calendario, entonces no habremos aprendido nada.
