Enviando corrección, espere un momento...
La convergencia de mala gestión sectorial, problemas de registro financiero, deuda sin orden de compra y deterioro fiscal central configura un cuadro de alto riesgo para la sostenibilidad del sistema.
La red pública de salud vive una crisis financiera que ya no se puede maquillar con comunicados ni eufemismos. Hospitales con deudas superiores a 400 mil millones de pesos y pasivos totales que bordean o superan los 450 millones de dólares muestran un sistema que gasta mucho, gestiona mal y rinde pocas cuentas. No es una anomalía sectorial, sino uno de los síntomas más visibles del deterioro de las finanzas centrales del Estado.
Entre 2024 y 2025 la deuda hospitalaria aumentó en más de 100 por ciento en solo doce meses, mientras los plazos de pago a proveedores se extendieron hasta cerca de 300 días en numerosos servicios. Estas obligaciones incluyen insumos clínicos, medicamentos, prestaciones externas y servicios básicos indispensables para la continuidad de la atención.
Distintos reportes periodísticos han descrito, además, que la deuda del Ministerio de Salud con proveedores supera los 150 millones de dólares y puede acercarse a 500 millones si se incorporan corporaciones y municipalidades.
El gobierno anterior incrementó el presupuesto de salud en términos nominales, pero permitió una ejecución con bajo control financiero y escasa responsabilidad sobre el ciclo completo del gasto.
Se toleró la contratación de bienes y servicios sin financiamiento asegurado, confiando en inyecciones extraordinarias de cierre de año para cubrir déficits crecientes. Esta lógica cortoplacista priorizó la viabilidad política del presupuesto anual por sobre la sostenibilidad del sistema y debilitó los incentivos para la gestión eficiente a nivel de servicios de salud.
Durante 2025 la situación se agravó por las intermitencias y caídas del SIGFE, plataforma encargada del registro de devengos y obligaciones del Estado.
La imposibilidad de registrar a tiempo miles de facturas generadas en la red asistencial impidió reflejar adecuadamente el gasto comprometido y desplazó una parte relevante del pasivo a la categoría de deuda flotante no devengada. En términos contables se generó un desfase entre la realidad financiera de los hospitales y la información registrada a nivel central, con efectos directos en la transparencia de la ejecución presupuestaria.
A ello se suma la llamada deuda oculta, asociada a productos e insumos ya utilizados sin orden de compra formal. Solo ese componente se ha estimado en torno a 20 millones de dólares y habría crecido más de 150 por ciento en pocos meses, sumándose a facturas impagas y documentos rechazados.
Un gremio de proveedores médicos ha reportado además obligaciones superiores a 80 millones de dólares con sus asociados, lo que ilustra el nivel de exposición del sistema a prácticas de informalidad financiera y gestión riesgosa.
Esta crisis sectorial se inserta en un contexto de estrechez de las finanzas públicas, con un déficit fiscal efectivo en 2025 mayor al proyectado y un déficit estructural superior a tres por ciento del producto interno bruto.
Diversos organismos públicos y gobiernos regionales acumularon gastos ejecutados pendientes de pago por montos del orden de los billones de pesos, consolidando el atraso sistemático en pagos como mecanismo de ajuste de caja. En este marco, la postergación de pagos y el uso de deuda oculta en salud operaron como válvula de escape de un Fisco tensionado, a costa de la estabilidad de la red asistencial.
La convergencia de mala gestión sectorial, problemas de registro financiero, deuda sin orden de compra y deterioro fiscal central configura un cuadro de alto riesgo para la sostenibilidad del sistema.
El gobierno anterior y sus autoridades sectoriales no solo omitieron corregir estos factores, sino que consolidaron una cultura de deuda invisible y decisiones financieras guiadas por criterios políticos más que técnicos.
Superar esta crisis exige transparentar íntegramente la magnitud de las obligaciones, reordenar la gobernanza financiera del sector salud e integrar su planificación presupuestaria a una política fiscal responsable y creíble, que deje de cargar sobre pacientes, equipos clínicos y proveedores el costo del desorden del Estado.
