La paralización del proyecto de reconstrucción de viviendas siniestradas por el megaincendio de 2024 en El Olivar ha generado múltiples polémicas, con un tenso ambiente al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), protagonizado por desconfianzas y acusaciones cruzadas, que hablan de presiones, engaños y falsificaciones.
La discusión sobre si se siguieron los conductos regulares para la paralización incluso llevó al anuncio de una querella en contra del recientemente asumido ministro Iván Poduje, basada en cuestionamientos sobre la resolución emitida el pasado 9 de abril, que ordenó la paralización del proyecto y el posterior término de los contratos.
Una de las principales acusaciones, se basa en que la resolución que ordenó la paralización utiliza como uno de los sustentos la decisión, el hecho de que los fiscalizadores técnicos de obra habrían firmado informes que daban cuenta de “graves fallas constructivas”, cuando esto no sería así, además de presuntas presiones a los propios fiscalizadores para firmar. Esto forma parte de los antecedentes que utilizará la abogada Erika Maira Bravo, en representación de la entidad patrocinante Social Arquitectura, mediador entre los propietarios y la constructora San Sebastián.
Sin embargo, aunque en lo analizado por funcionarios del SERVIU Valparaíso no se habrían identificado fallas estructurales graves que obligaran a demoler las viviendas, dos informes técnicos reservados a los que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío cuentan una historia distinta.
Los documentos, resumen los principales descubrimientos de otros informes realizados tanto por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del MINVU como por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile (IDIEM).
Estos, concluyen deficiencias tanto en la estructura como en las exigencias de seguridad contra incendios, recomendando uno de ellos incluso la demolición y reconstrucción como la alternativa más robusta frente a los riesgos impredecibles que se arriesgan con el reforzamiento.
El primero corresponde a un informe técnico elaborado por la DITEC, centrado en las dificultades asociadas al reforzamiento estructural y a la adecuación en seguridad contra incendios.
El documento fue fechado el 21 de abril de 2026 –dos semanas después de la publicación de la resolución que paralizó las obras– y sintetiza los antecedentes, análisis y conclusiones obtenidos de otros dos informes elaborados por la DITEC y IDIEM, respecto a los cuales no se especifica la fecha.
El objetivo del estudio era determinar si era viable reforzar y corregir las viviendas ya construidas. Para ello se analizaron cuatro viviendas pareadas de dos pisos, que funcionan estructuralmente como un solo edificio y que al momento de la evaluación tenían más de un 80% de avance en su construcción.
Dentro de las principales observaciones, el informe sostiene que los paneles Fastwork —paneles prefabricados de hormigón liviano— habrían sido utilizados en condiciones distintas a aquellas bajo las cuales el sistema fue aprobado por el MINVU. Según el análisis, esto generaría deficiencias en la resistencia sísmica y falta de respaldos técnicos válidos para acreditar la seguridad contra incendios.
El documento también advierte que, aunque desde un punto de vista teórico sería posible diseñar refuerzos estructurales, llevarlos a la práctica implicaría una intervención de enorme complejidad, equivalente prácticamente a reconstruir las viviendas desde dentro y demoler parte importante de las estructuras ya ejecutadas.
De acuerdo a las conclusiones, los refuerzos obligarían a mezclar distintos sistemas estructurales, generando incertidumbre sobre el comportamiento sísmico global y riesgos asociados al desempeño estructural de las viviendas.
La conclusión del informe fue categórica: “La reconstrucción del proyecto, que debe ser precedida de demolición, se presenta como la alternativa técnicamente más robusta”, inclinándose por la demolición y reconstrucción por sobre el reforzamiento.
Además, el documento recomienda evaluar acciones legales para evitar que el Estado deba financiar íntegramente la intervención.
Por otra parte, Radio Bío Bío también accedió a un segundo informe solicitado por la DITEC al IDIEM, fechado al día de hoy, 12 de mayo, también basado en 3 informes previos respecto al cálculo estructural, la aislación acústica y la resistencia al fuego, concluyéndose incumplimientos en los tres casos.
Uno de los hallazgos del informe es que en el proyecto se habría intentado “flexibilizar el uso de otro panel prefabricado de hormigón liviano” distinto al Fastwork sin respaldo técnico suficiente, cuestionando que existieran antecedentes técnicos válidos para utilizar paneles distintos al sistema originalmente aprobado.
A partir de la revisión de memorias de cálculo, planos y especificaciones técnicas, IDIEM detectó múltiples incumplimientos. Entre ellos, que los paneles presentarían deficiencias frente a solicitaciones sísmicas; que existirían criterios de cálculo incorrectos; y que no se habría respetado la aplicación original aprobada para el sistema Fastwork, autorizado para viviendas aisladas de un piso, y no para viviendas pareadas de dos niveles como las proyectadas en El Olivar.
En materia de incendios, el documento concluye que múltiples elementos de la obra no cumplen con las exigencias de resistencia al fuego establecidas por la normativa.
Finalmente, dentro de las instrucciones técnicas, el informe establece que deben realizarse correcciones al proyecto, que no es posible emplear paneles distintos sin ensayos normativos que los respalden, y que la documentación presentada no logra acreditar adecuadamente el cumplimiento regulatorio del proyecto.
Tales documentos, formarían el respaldo para la decisión del ministro de paralizar las obras, terminar con los contratos, y anunciar la demolición de las casas, aunque con dudas sobre si estos ya existían al momento de emitirse la resolución que paralizó el proyecto.
Los informes forman parte de una compleja trama que ya tienen una investigación en curso, que buscará esclarecer la seguidilla de acciones desde el inicio de la reconstrucción hasta su reciente paralización. A esta, se le sumará la causa penal que se abrirá con la querella de Social Arquitectura, que busca que se investigue al jefe de cartera por los delitos de prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, fraude al fisco e incumplimiento de contrato.
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