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Estos años de elecciones sucesivas dejan desafíos significativos en materia de contaminación informativa y violencia digital.
Chile termina un ciclo electoral ininterrumpido e inédito en el país desde 2020. Es el momento ideal para reflexionar colectivamente sobre políticas públicas y marcos normativos que permitan abordar los fenómenos de la contaminación informativa y la comunicación tóxica en redes sociales, presentes en los procesos electorales del país.
Los datos que hemos recabado desde el PNUD durante los últimos dos años son elocuentes. Durante el fin de semana de la elección de noviembre, las candidaturas fueron el principal blanco de comunicación tóxica en redes sociales, independiente de su posición política, concentrando un 43% del total de publicaciones analizadas.
A esto se suma que más de la mitad de estos mensajes (54%) provino de perfiles no identificables, lo que dificulta la trazabilidad y responsabilidad sobre contenidos tóxicos. También preocupa que la agresividad se mantuviera elevada durante todo el proceso, y que el Servicio Electoral, a pesar de ser un órgano con alta legitimidad en el país, volviera a ser objeto de ataques con acusaciones infundadas de fraude y corrupción.
Aún más alarmante es que, en un contexto de histórica subrepresentación de mujeres, los ataques hacia ellas fueron más severos y deshumanizantes que los dirigidos a los hombres.
En las elecciones regionales y locales de 2024, las mujeres recibieron el 39% de las publicaciones tóxicas, frente al 15% recibido por los hombres. Además, en las elecciones para gobernadores, las mujeres representaron solo el 23% de las candidaturas y finalmente ninguna resultó electa.
Estos años de elecciones sucesivas dejan desafíos significativos en materia de contaminación informativa y violencia digital: narrativas polarizantes que dividen más de lo que informan; manipulación intencionada de la información; y proliferación de violencia digital que afecta el derecho de todas las personas a participar en igualdad de condiciones y a votar informadamente.
El resultado es que las candidatas y los candidatos electos, en lugar de beneficiarse de la “luna de miel” asociada a una esperanza renovada en la promesa democrática, comienzan sus mandatos bajo una nube de malinformación, desconfianza ciudadana y polarización.
El periodo postelectoral que inicia, sin campañas ni votaciones a la vista, ofrece una oportunidad única para analizar la evidencia en profundidad, planificar estrategias preventivas y reforzar alianzas antes del próximo ciclo electoral.
Para ello, es fundamental mejorar los sistemas de monitoreo y regulación de la información, diseñar campañas de alfabetización digital y cívica, robustecer protocolos de prevención de violencia digital y desinformación, garantizar la capacidad de respuesta institucional, promover espacios digitales seguros e inclusivos y fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, entre otras acciones.
Hay motivos para la esperanza: si asumimos esta tarea con responsabilidad compartida y articulamos los esfuerzos de medios de comunicación, sociedad civil, partidos políticos, autoridades, plataformas tecnológicas y ciudadanía, podremos fortalecer el ecosistema para que apoye a las personas a informarse con responsabilidad y participar con integridad. Un ecosistema que es, en definitiva, fundamental para una democracia más robusta, participativa y confiable.
