Inteligencia económica: clave olvidada en la lucha contra el crimen organizado

Hace casi dos años, el Gobierno impulsó un ambicioso proyecto de ley en materia de seguridad, enfocado en seguir la ruta del dinero proveniente del delito de lavado de activos y otros delitos asociados al crimen organizado. La iniciativa propone la creación de un Subsistema de Inteligencia Económica, que integra a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, con el objetivo de coordinar esfuerzos para combatir estas actividades ilícitas.

Inteligencia económica para enfrentar el crimen organizado

El proyecto descansa sobre tres ejes principales: el fortalecimiento del ecosistema inteligencia y análisis económico, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, y mejores facultades intrusivas y sancionatorias. El conjunto de medidas permitirá optimizar el acceso a información clave para perseguir delitos vinculados al crimen organizado. En un contexto donde la comisión de delitos por redes criminales se ha vuelto más sofisticada, este tipo de avances son indispensables para proteger la integridad de nuestra población.

Una de las medidas que mayor discusión generó durante la tramitación en el Senado, y que lamentablemente fue rechazada, fue la idea de incorporar un procedimiento simplificado, sin autorización judicial, para el levantamiento del secreto bancario solicitado por la UAF. Uno de los argumentos que se escuchó durante el debate es que el crimen organizado no utiliza los bancos para lavar su dinero, sin embargo, la evidencia dice todo lo contrario. De acuerdo a los datos publicados por la UAF, en más de un 50% de los casos se utilizan los bancos para lavar activos. Los datos son categóricos.

¿Por qué existe tanto temor en algunos sectores del arco político de avanzar en medidas más eficientes en la persecución del crimen organizado como lo es el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial? Algunos han sostenido que medidas de este tipo podrían iniciar una “pesca milagrosa” o que se podría vulnerar la privacidad de las personas. Resulta curioso este tipo de argumentos cuando en el proyecto establecía tres hipótesis específicas vinculadas con personas jurídicas, actos criminales vinculados con funcionarios públicos y casos en que un banco debe reportar una operación sospechosa.

¿A quién protege la derecha al rechazar el acceso a información bancaria?

La derecha una vez más ha optado por ser un muro de contención frente a herramientas para combatir el crimen organizado, ¿a quién protegen cuando bloquean el acceso a información bancaria en investigaciones por lavado de dinero? ¿Por qué tanto temor a que el Estado investigue cuando ya existen reportes de operaciones sospechosas? Han levantado caricaturas absurdas como conocer la lista del supermercado para justificar su negativa, pero detrás se oculta la resistencia profunda a que el poder económico sea realmente fiscalizado.

También se ha argumentado que esta medida resultaría innecesaria, dado que la UAF logra un 100% de éxito en sus solicitudes de levantamiento del secreto bancario ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, este argumento ignora dos aspectos cruciales: primero, la reforma legal amplía el ámbito de acción de la UAF para incluir el crimen organizado, lo que incrementa su carga de trabajo; y segundo, el proceso de recopilación de antecedentes por parte de la UAF para presentarlos ante la Corte puede demorar meses, un período crítico en el que el dinero puede circular y perderse su rastro.

Esta situación deja a Chile, a nivel internacional, como uno de los países que tiene las restricciones más intensas para que la UAF pueda acceder directamente a información bancaria. El combate al crimen organizado no se libra solo con policías en las calles, es hora de que la política esté a la altura del desafío, porque cuando se bloquea una herramienta que puede marcar la diferencia, uno ya no puede dejar de preguntarse, ¿de qué lado están?

Por eso, urge que el Ejecutivo reponga la indicación que habilita el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa para la UAF. La lucha contra el crimen organizado no se puede seguir librando con herramientas obsoletas ni a ciegas. Hoy, quienes se oponen a esta medida no están defendiendo derechos ciudadanos, están protegiendo opacidades que impiden desarticular verdaderas redes delictuales. No hacerlo es ceder terreno al narcotráfico, al lavado de activos y a la corrupción. No avanzar en la materia solo beneficia al crimen organizado y perjudica a nuestro país. Es hora de que el Congreso deje de ser el refugio de los temores infundados y se convierta en el motor de una política pública eficaz.