A pesar de que había escrito estas líneas antes del trágico accidente del ex presidente Sebastián Piñera, su repentina y dolorosa partida multiplicó los llamados desde distintos sectores a alcanzar acuerdos, lo que, estimo, vuelve esta columna más contingente.
La palabra “acuerdos” se ha transformado en un verdadero mantra del Gobierno, razón por la cual, me gustaría hacer algunas observaciones.
Lo que la ciudadanía demanda hace muchos años son soluciones a sus problemas, y la pregunta que debemos hacernos es si aquello es sinónimo de acuerdos. A mi juicio, la respuesta no necesariamente es sí. Porque, por muy sutil que parezca, la diferencia entre “acuerdos” y “buenos acuerdos”, no es baladí.
Creo importante hacer la precisión, porque si partimos de la base que lo que el país necesita son acuerdos, como si ellos fuera un fin en si mismo, estamos iniciando la discusión desde una premisa equivocada.
Llegar a acuerdos no necesariamente es sinónimo de resolver un problema, sino que, a veces, son los grandes causantes de ellos. Veamos algunos ejemplos concretos.
Hay coincidencia en el mundo de los economistas que la reforma tributaria de 2014 se tradujo en un estancamiento de la economía. El informe Marfán, encomendado por el Ministerio de Hacienda, señala que los impuestos a las utilidades afectan a la inversión y el crecimiento y agrega que, en los últimos 20 años, Chile fue el único país de la OCDE que elevó su tasa en ese período, de 15% a 27%, lo que le estaría costando casi 8 puntos porcentuales en el nivel del PIB.
Solo la reforma de 2014, aumentó ese impuesto corporativo de 20% a 27%. Un año después, el 2015, el gobierno de Michelle Bachelet promovió junto a algunos sectores de la oposición, una reforma política que ha dificultado el entendimiento al extremo.
Con 21 partidos en el Congreso y 15 en formación, se hace muy difícil gobernar.
El mismo Informe Marfán señala que parte importante del estancamiento del país se debe a un sistema político fragmentado y a que “su estructura de incentivos no es proclive a la colaboración y a los acuerdos, sino que al revés”, y agrega: “La incapacidad de Chile para avanzar en reformas estructurales en la última década es reflejo de aquello”.
Para qué ahondar en la reforma educacional de 2016, que creó los hoy cuestionados Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Los últimos resultados de las pruebas de ingreso a las universidades, la crisis regional de educación en Atacama y la reciente discusión del presupuesto, donde casi todos los sectores políticos convinieron suspender su proceso de implementación, son el mejor ejemplo del fracaso de esta reforma.
Esos son solo algunos ejemplos de que, a veces, los acuerdos solo perjudican a Chile.
Por otro lado, veamos en concreto los temas sobre los cuáles el Gobierno exige acuerdos y qué posturas han adoptado.
Se trata de una propuesta injusta, inviable e impopular
En materia de pensiones, diversas encuestas muestran que la mayoría de los chilenos quiere que el 6% de cotización adicional vaya a las cuentas individuales.
Un reciente estudio de Panel Ciudadano señala que un 54% dice que el 6% debe ir a las cuentas individuales y un 77% afirma que las pensiones más bajas se deben financiar con los impuestos que recibe el Estado. Adicionalmente, los expertos señalan que el problema de las bajas pensiones tiene su principal explicación en la baja tasa de cotización obligatoria (de los más bajos de la OCDE), la alta informalidad (27% según el último informe del INE), las lagunas previsionales y el aumento en la expectativa de vida.
A pesar de lo anterior, el Gobierno insiste en proponer un modelo con solo un 3% de la cotización a cuentas individuales y un 3% de ella a solidaridad o reparto. Se trata de una propuesta injusta, inviable e impopular.
No es justo que un trabajador formal (contratado) pague a un informal (que bien puede tener aún ingresos superiores); es inviable, porque para mantener el monto que se recibirá mediante reparto en el futuro, con el cambio demográfico, tarde o temprano implicará un nuevo aumento de la cotización; y, como ya dijimos, va contra el deseo de la mayoría que prefiere incorporar esa cotización adicional a su propiedad.
En materia económica la cosa no es muy distinta
Cuando el principal problema que enfrenta el país en esta materia es la falta de crecimiento e inversión, la respuesta del Gobierno es un aumento de impuestos. Por otro lado, recientemente, a fines de enero, aprobamos la denominada ley corta de Isapres en el Senado.
No fue fácil y perdimos un tiempo valioso, porque el Gobierno obvió la propuesta realizada por un Comité de Expertos, compuesto por profesionales de distintas tendencias.
En palabras de la ex subsecretaria Paula Daza, cuando “un comité de expertos logró lo que, por décadas, no se había conseguido en salud: un acuerdo transversal y político para dar respuesta a un tema complejo, el cual mostraba una solución armónica no solo para dar cumplimiento al fallo, sino que también resguardando lo más importante: que el sistema no colapsara”, la propuesta fue “descuartizada” por las indicaciones del gobierno.
Pero hay ocasiones donde sí hemos podido alcanzar buenos acuerdos y donde, más allá de nuestras discrepancias, hemos podido acordar proyectos de ley y autoimponernos plazos para su aprobación.
Es lo ocurrido con la Agenda de Seguridad, donde nos comprometimos a aprobar 31 proyectos de ley que nos ayuden, en conjunto, a todos los Poderes del Estado a girar la aguja en materia de seguridad.
Lamentablemente, hasta el día de hoy, nadie se hace cargo de ese mal acuerdo tributario de 2014, de la pésima reforma política de 2015 y de la lamentable reforma educacional de 2016.
Muchos de sus impulsores son los mismos que hoy exigen acuerdos como si ellos fuesen un fin en sí mismo. ¿Acuerdos? Yo respondo, buenos acuerdos. Como presidente del Senado y, en general, a lo largo de mi trayectoria política, he estado siempre dispuesto a buscar entendimientos por el bien del país.
Estoy seguro de que así lo habría querido el ex presidente Piñera. Esta vez, no será la excepción.
