La actual crisis de seguridad, que se viene gestando hace dos o tres gobiernos, plantea un desafío que tiene que hacernos reaccionar de manera urgente. Esto no tiene que ver con colores políticos.
Se trata, nada menos, de actualizar los mecanismos de defensa de un Estado que no está preparado para enfrentar al crimen organizado que está operando en nuestra región y país. Distinto del de hace diez años; ahora con más y mejores armas, con mucho dinero y tecnología, con creciente organización y con una violencia cada día más despiadada.
En todo Estado democrático es fundamental el orden público y resguardar a nuestras policías y ciudadanos. El derecho a la vida y el derecho a la seguridad son dos Derechos humanos fundamentales en cualquier sociedad civilizada.
La tarea que todos enfrentamos es que cada ciudadano que le exija al Estado resguardar su derecho a la seguridad, no pierda la esperanza en que la democracia sigue siendo la única respuesta para garantizar los derechos de todos nosotros.
Medidas excepcionales para situaciones excepcionales
Se trata de defender la democracia. Y no hay nada mejor para defender la democracia que más democracia. Utilizando todas las leyes y todas las instituciones que nuestra democracia se ha dado.
Por ejemplo, la Ley de Infraestructura Crítica, que nos permite convocar a las Fuerzas Armadas al cuidado de la infraestructura “indispensable para la generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población (…), la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública”.
Una medida excepcional para una situación excepcional como la que estamos viviendo, y que nos posibilite destinar a nuestros policías abocados actualmente a esas tareas a combatir el crimen organizado.
Debemos adoptar medidas sin tardanza y sin complejos, pero también con la visión integral de una política de seguridad multisectorial e interdisciplinaria, que ofrezca soluciones de corto, mediano y largo plazo.
Se requiere medidas de prevención psicosocial, comunitaria y situacional, acompañada de una política enérgica de persecución penal basada en la inteligencia y cooperación. Una política de expulsión inmediata a extranjeros que delinquen, una fuerza de tarea que persiga la ruta del dinero y el patrimonio de estas organizaciones criminales. Además de una política penitenciaria que aísle y neutralice a los capos del narcotráfico que siguen operando en nuestras cárceles, o “playas”, como ellos le llaman.
Proponer medidas excepcionales para tiempos excepcionales, es lo que corresponde cuando son miles de compatriotas que se están autoimponiendo un toque de queda por miedo a salir de noche de sus casas o espacios públicos creados para ellos y sus familias.
Por nuestra parte, como Gobierno de Santiago, a pesar de la falta de atribuciones hemos decidido poner la billetera donde ponemos la boca.
Las medidas del Gobierno regional de Santiago frente a la crisis de seguridad
Nuestra inversión en Seguridad, con el apoyo unánime de nuestro Consejo Regional, entre 2021 y 2023, ha sido de $ 83.483.416.000.
Esta suma comprende proyectos comunitarios como cámaras y alarmas comunitarias, alumbrado público, sistemas de televigilancia municipal, cuarteles de PDI y Carabineros. Vehículos de seguridad para Municipios y policías, programas innovadores con las fiscalías y tecnología de última generación.
Seguiremos aportando recursos para seguir financiando las medidas planteadas, y también conocimientos y liderazgos en la materia.
Entre las nuevas medidas que estamos explorando son vehículos blindados, scanners e indumentaria de protección para nuestros gendarmes, y una fuerza de tarea para ubicar a los 1.500 migrantes con órdenes de expulsión de país.
En este contexto, reiteramos nuestro llamado al Gobierno a cumplir los compromisos asumidos en campaña y dar más atribuciones a las gobernaciones regionales elegidas democráticamente por la ciudadanía; especialmente en materias de seguridad y emergencias.
Al Estado no le sobran manos en la lucha contra la inseguridad, sino que le faltan.
Volvemos a ofrecer nuestras manos, ideas, y liderazgo. Todos tenemos que aportar con urgencia, unidad, generosidad y altura de miras.
No es el momento ni el tema para andar con pequeñeces políticas. Chile aún está a tiempo para torcerle el destino al crimen organizado. Más que nunca hoy necesitamos un Pacto Nacional por la Seguridad, al que nos convoque el gobierno y concurran todas las fuerzas vivas de la sociedad.
