De Georgia a Ucrania: el precio para Europa de aceptar la agresión

Las decisiones de Donald Trump sobre Ucrania ponen de manifiesto una cuestión que trasciende la relación Washington y Kyiv: ¿qué sucede con el orden internacional cuando la principal potencia occidental reduce su compromiso con un país agredido y trata de resolver la guerra mediante un acuerdo que no garantiza su soberanía?

El 15 de octubre de 2026, Volodímir Zelenski anunció que Ucrania reanudaría los ataques contra instalaciones energéticas rusas después de que Moscú incumpliera la tregua promovida por Washington. El presidente ucraniano también expresó el sentirse traicionado por Trump al restringir capacidades de comunicación militar de Ucrania y por las decisiones estadounidenses relativas al diésel ruso.

Trump ha convertido el fin de la guerra en un objetivo superior a las condiciones en que esta termina. En lugar de exigir a Rusia que detenga la agresión, Washington presiona a Ucrania para aceptar un acuerdo que compromete su soberanía y seguridad futura. El país invadido es tratado como el principal obstáculo para la paz, mientras que el agresor conservaría parte de lo conquistado. En nombre de terminar la guerra, Trump acabaría premiando la agresión y debilitando los principios que Estados Unidos afirmó defender por décadas.

La posición estadounidense afecta a la credibilidad de las alianzas occidentales y a las expectativas de otros países sobre la disposición de sus socios a respaldarlos cuando su soberanía se vea amenazada. Es precisamente en este contexto donde conviene recuperar una reflexión de Amos Oz, escritor israelí y defensor de una solución negociada al conflicto entre israelíes y palestinos: “El problema hoy en el mundo no es la guerra, es la agresión. Y la agresión, en efecto, hay veces que solo puede ser frenada por la fuerza, no hay otro camino”.

La distinción entre la guerra como tragedia y la agresión como decisión política constituye una herramienta fundamental para comprender la invasión rusa. La guerra causa destrucción y sufrimiento; la agresión, además, supone una decisión de imponer por la fuerza la voluntad de un Estado sobre otro. Confundir ambas cosas conduce a una paradoja: que el deseo legítimo de detener los combates se convierta en una exigencia dirigida contra quien es agredido.

De Georgia a Ucrania: el precedente de la fuerza

La invasión rusa iniciada el 24 de febrero de 2022 no puede comprenderse como un episodio aislado. La guerra de agosto de 2008 contra Georgia y la posterior consolidación de la presencia militar rusa en Abjasia y Osetia del Sur ya habían mostrado hasta qué punto Moscú estaba dispuesta a recurrir a la fuerza para intervenir y limitar la capacidad de decisión de sus vecinos. Aunque ambos conflictos presentan diferencias importantes, permiten examinar una continuidad: el empleo del poder militar para imponer condiciones políticas y territoriales que un Estado soberano no ha aceptado libremente.

La guerra de agosto de 2008 tuvo antecedentes y responsabilidades complejas, pero estos no alteran un hecho fundamental: Rusia intervino militarmente en territorio soberano georgiano y, posteriormente, consolidó su presencia en Abjasia y Osetia del Sur. La intervención militar permitió a Moscú imponer una nueva realidad territorial que, pese a los esfuerzos diplomáticos, no ha sido revertida. Georgia anticipó así uno de los riesgos que volverían a manifestarse en Ucrania: el uso de la fuerza para alterar de facto las fronteras de un Estado soberano.

Seis años después, Rusia se anexionó Crimea y en 2022 amplió la escala de su intervención con una invasión a gran escala. La secuencia muestra la incapacidad internacional para restablecer la integridad territorial de Georgia e impedir la nueva intervención rusa en Ucrania.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la integración europea y las instituciones multilaterales contribuyeron a desarrollar mecanismos para gestionar las diferencias entre Estados sin recurrir a la fuerza militar.

El final de la Guerra Fría amplió las expectativas de cooperación, democracia, estabilidad y libertad de elección. Aquel orden nunca fue perfecto, persistieron contradicciones entre los principios proclamados y las decisiones de las grandes potencias, sin embargo, su aspiración consistía en reducir la posibilidad de que la fuerza militar volviera a ser el instrumento para resolver disputas.

Cuando un Estado puede invadir a su vecino, ocupar parte de su territorio y utilizar las negociaciones posteriores para intentar consolidar sus ganancias, la prohibición de adquirir territorio mediante la fuerza pierde credibilidad aunque continúe vigente en el derecho internacional.

Otros gobiernos pueden observar las respuestas internacionales y extraer conclusiones sobre los costes y beneficios de recurrir a la agresión debilitando la expectativa de que las fronteras y la soberanía están protegidas por normas compartidas.

La soberanía ucraniana y la negación de una nación

Las justificaciones del Kremlin deben entenderse a partir de la concepción que Vladímir Putin ha desarrollado sobre la relación histórica entre Rusia y Ucrania. En su ensayo de julio de 2021, “Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos”, el presidente ruso cuestionó la separación política entre ambos pueblos y presentó la trayectoria nacional ucraniana como resultado de decisiones históricas artificiales y de intervenciones extranjeras.

Las relaciones entre ambas naciones son profundas y complejas, con vínculos familiares, tradiciones culturales y religiosas y períodos de convivencia dentro de distintas estructuras políticas, el problema aparece cuando esa historia se convierte en argumento para negar a una de las partes la capacidad de decidir su futuro. Compartir raíces culturales no concede a un Estado derechos de soberanía sobre otro.

La orientación europea de Ucrania representaba algo más que una disputa sobre alianzas o acuerdos comerciales. La posibilidad de que una sociedad estrechamente vinculada a Rusia desarrollara un sistema político independiente del Kremlin cuestionaba la idea de que el espacio postsoviético debía permanecer bajo la influencia de Moscú. Una Ucrania soberana no necesitaba ser una democracia perfecta para plantear esa alternativa: bastaba con que sus ciudadanos pudieran elegir un rumbo diferente sin necesitar la aprobación rusa.

Reducir la guerra a una confrontación entre Washington y Moscú termina borrando a los propios ucranianos. Estados Unidos y los países europeos tienen intereses estratégicos, pero Ucrania no es un territorio en disputa ni una pieza instrumental de la política occidental, es una nación con preferencias y aspiraciones propias, cuyos ciudadanos han demostrado una considerable disposición a defender la continuidad de su Estado. Reconocer esa agencia política es indispensable para comprender por qué la resistencia ucraniana no puede interpretarse únicamente como el resultado de una estrategia diseñada desde el exterior.

Cuando el pacifismo pierde de vista al agredido

Parte del discurso que se presenta como pacifista interpreta la guerra a través de sus consecuencias inmediatas: muertes, destrucción de ciudades, desplazamiento de millones de personas y riesgo de una escalada internacional. Todas estas preocupaciones son legítimas, el problema surge cuando la urgencia de detener el sufrimiento desplaza cualquier consideración sobre las causas que lo producen y las condiciones necesarias para evitar su repetición.

La fórmula “hay que negociar” parece incuestionable porque nadie sensato defiende la guerra como un fin en sí mismo, sin embargo, negociar no garantiza un resultado justo. Si un país es invadido y la exigencia que se le plantea es aceptar pérdidas territoriales para detener los combates, la negociación convierte la capacidad militar del agresor en el principal criterio para determinar las fronteras y los derechos de los Estados.

La cuestión no consiste en qué concesiones debería aceptar Ucrania, sino en evitar que la negociación convierta la invasión en una vía legítima para obtener ganancias territoriales. Una paz que permita a Rusia conservar sus conquistas establecería un precedente peligroso: demostraría que un Estado puede alterar las fronteras por la fuerza y obtener beneficios si prolonga el conflicto hasta agotar a quienes apoyan al país agredido.

Presentar la resistencia ucraniana como un obstáculo para la paz invierte las responsabilidades y debilita el orden internacional. La paz no puede medirse únicamente por el cese de los combates, sino también por su capacidad para impedir que la agresión vuelva a ser rentable.

Algo parecido ocurre con la explicación según la cual la ampliación de la OTAN provocó la invasión rusa pues esta fue una elección política, no una consecuencia automática de la ampliación de una alianza. Si la seguridad rusa exige que Ucrania renuncie a decidir sus relaciones exteriores, las preocupaciones de una gran potencia se convierten en un derecho de intervención sobre sus vecinos.

La reflexión de Oz señala una limitación del pacifismo: la convicción moral de rechazar la violencia no garantiza que quienes recurren a ella para conquistar o someter a otros vayan a detenerse ante una exhortación a la paz. La fuerza militar tiene enormes costes humanos y debe estar sujeta al derecho internacional y a criterios de proporcionalidad, pero ignorar su papel puede significar aceptar que el desenlace dependa exclusivamente de la superioridad material de quien inicia la agresión.

Mientras Rusia conserve el territorio ucraniano ocupado, la fuerza seguirá siendo un instrumento eficaz para modificar fronteras y obtener ganancias políticas. El retiro ruso de todo el territorio ucraniano es, por tanto, la condición fundamental para restablecer la soberanía del país y evitar que se siente un precedente que aliente futuras agresiones.

Cualquier solución que legitime las conquistas territoriales rusas no resolverá el problema, sino que trasladará sus consecuencias al futuro, debilitando el orden internacional y la seguridad de otros Estados.

El precio para Europa

La reflexión de Amos Oz conserva su vigencia porque obliga a distinguir entre la tragedia que todos deberíamos querer evitar y la decisión política que la desencadena. La guerra en Ucrania no solo pone en cuestión la soberanía de un país, sino también la posibilidad de preservar una Europa en la que la prosperidad, la cooperación y la seguridad no dependan de la disposición de cada Estado a defenderse militarmente de sus vecinos.

Desde Georgia en 2008 hasta Ucrania, las intervenciones rusas plantean una pregunta ineludible: ¿qué valor tienen las normas que protegen la integridad territorial si su vulneración puede terminar aceptándose como un hecho consumado?

El pacifismo tiene razones poderosas para desconfiar de la guerra, pero pierde capacidad para construir una paz duradera cuando deja de distinguir entre quien la inicia y quien intenta defenderse. La lección de Oz no consiste en celebrar la fuerza, sino en reconocer que renunciar a oponer resistencia puede dejar intactas las condiciones que hacen posible una nueva agresión. La pregunta no es solamente cuándo terminará la guerra en Ucrania, sino qué precedentes dejará su desenlace para Europa y para el sistema internacional.

Si la agresión se convierte en un mecanismo tolerado de resolución de conflictos, el problema dejará de ser exclusivamente ucraniano: será también el fracaso de la aspiración a construir un orden europeo en el que la guerra entre Estados no vuelva a ser la continuación habitual de la política por otros medios.