Dos días después de asumir el gobierno de Argentina el presidente Javier Milei encargó a su ministro de Economía, Luis Caputo, el anuncio de las primeras diez medidas en el ámbito económico, las que fueron calificadas como un “paquete de urgencia” y no de un plan económico integral.
El mensaje lo enmarcó en la necesidad de hacer frente al déficit fiscal que, según señaló -junto a la inflación- constituyen los principales problemas a enfrentar. Respecto a lo inflacionario puso énfasis en que, de no variar el camino, se podría llegar a niveles de 15.000 % anual.
Teniendo en vistas el guarismo actual de inflación, que ya supera el 140 por ciento, precisó que el futuro inmediato será particularmente duro.
El impacto de las medidas de Milei
Las medidas anunciadas tienen diversa envergadura e impacto y son las siguientes:
– No renovación de los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia
– Suspensión de la publicidad institucional del gobierno por un año
– Reducción de los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54
– Reducción al mínimo de las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias
– No licitación de más obras públicas y cancelación de las licitaciones aún no comenzadas
– Reducción de subsidios a la energía y al transporte
– Mantención de los planes de ayuda social Potenciar Trabajo
– Establecimiento del tipo de cambio oficial del dólar de 800 pesos, implicando una devaluación de la moneda de más del 50%
– Reemplazo del sistema de permisos de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias
– Duplicación de la asistencia a las familias mediante la Asignación Universal por Hijo y aumento de la tarjeta alimentaria en un 50%
El desafío: la implementación del paquete de medidas económicas
En ello tiene una importancia fundamental el impacto que puedan tener las medidas en los diversos sectores y, además, cuáles de ellas requerirán de refrendación legislativa.
Todo indica que si se quieren conducir y/o amortiguar las reacciones se debe entrar a una fase de rápidas negociaciones.
En este sentido se tendrá que medir el impacto que tendrá para un sector de la población argentina la disminución del gasto público, incluida la eliminación de ministerios y secretarías, tomado en consideración que, según cálculos confiables, alrededor del 20 % del empleo proviene del sector público.
A ello se suman otras interrogantes como son el impacto en el bolsillo de los argentinos, que tendrá la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, teniendo presente que ello incide de manera gravitante en el valor de los pasajes de trenes, subte y autobuses y en el precio de los combustibles y las tarifas de servicios básicos como luz, gas y agua.
Otras incógnitas dicen relación con los efectos que tendrán las medidas adoptadas en el ámbito cambiario y cuál será el valor real de dólar y su impacto en la inflación.
A ello se suman las consecuencias que podría tener, de no adoptarse acciones alternativas, la decisión de paralizar la licitación de obras públicas, particularmente en el ámbito del empleo. Particularmente sensible será el tema de reducción de transferencias de recursos del nivel nacional a las provincias.
Lo anterior, fue informado de forma muy breve en un lapso de 18 minutos y sin entregar los fundamentos particulares de cada medida, salvo el general ya indicado. Además, sin dar detalle de los mecanismos de implementación, algo que preocupa debido a la importancia e impacto de las medidas adoptadas.
El anuncio entregado por el ministro Caputo no contempló dos medidas que durante la campaña despertaron inquietud, como la dolarización y el cierre del Banco Central.
Respecto al impacto internacional de las medidas, incluidos los eventuales en nuestro país, resulta prematuro efectuar cualquier conjetura hasta no conocer la forma específica en que se llevarán a efecto las medidas indicadas.
