Hassler presenta demanda para anular sumario de Contraloría que la responsabilizó por Sierra Bella

La diputada por el distrito 10 y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, representada por el abogado Leonardo Cofré, interpuso una demanda contra el Fisco y la Contraloría con el fin de anular un sumario administrativo que la responsabilizó de la fallida compraventa de la exclínica Sierra Bella.

La parlamentaria dedujo una demanda de nulidad de derecho público contra el Fisco y la Contraloría respecto al acto administrativo adoptado por el órgano de control.

Según el documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío, en la resolución exenta n.º RE14499/2026 de Contraloría se señaló que Hassler infringió el principio de probidad administrativa al suscribir el decreto alcaldicio n.º 810 de 20 de enero de 2023, que autorizó la adquisición de dos inmuebles -de las calles Sierra Bella y Ventura Lavalle- por un monto de $8.248.886.210, luego de que la vendedora los adquirió en $2.231.855.090 con seis meses de antelación.

De esta forma, el ente fiscalizador aprobó el sumario administrativo y tuvo por establecida la “existencia de responsabilidad administrativa” de la exalcaldesa de Santiago.

El argumento de Hassler en demanda para anular el sumario de Contraloría por Sierra Bella

Según la acción interpuesta por la diputada, la resolución del órgano de control “adolece de severos vicios esenciales que pueden ser subsanados mediante la declaración de nulidad de derecho público”.

Asimismo, se indica que se invalidaron “las competencias y atribuciones de los Tribunales de Justicia” e incluso contravino la propia ley orgánica de la Contraloría.

Hassler también plantea que se vulneró el principio de legalidad y tipicidad respecto a la presunta vulneración del principio de probidad administrativa al “sancionar una decisión de esta exalcaldesa que no se traduce en el incumplimiento de un deber tipificado por norma legal expresa“.

Esa misma actuación de Contraloría en el sumario se habría repetido al atribuir una responsabilidad administrativa de Hassler “al no determinar con precisión cuál es exactamente la conducta prohibitiva o imperativa infringida por parte de la exalcaldesa“.