Tras revelarse la investigación de la Fiscalía de Aysén a una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana bajo fachada medicinal, en el marco de la “Operación Imperio Ámsterdam” -en la cual está vinculado el chico reality Camilo Huerta-, se dio a conocer el modus operandi de la red indagada desde 2024.
El OS7 de Carabineros se ha abocado a investigar los presuntos delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas, desvío de cultivo, cultivo de cannabis y lavado de activos.
La red estaba encabezada por la sociedad matriz DN Medcorp SpA, en cuya cúspide se encuentra Andrés Astorga Rodríguez, quien controla el 51% de las acciones y que, en una escucha que forma parte de la investigación, revela que pretende llegar a los US$20 millones anuales en dos años.
Según consignó La Tercera, los investigadores señalaron que el caso se levantó “en contra de una organización criminal estable, permanente y funcionalmente estructurada“. En lo que respecta a su funcionamiento, este se desarrollaba “mediante una división de funciones claramente diferenciada entre tres grupos“.
El primer nivel de la organización era de orden directivo, mientras que en el segundo aparecían los encargados de producción y abastecimiento. En tanto, en el tercer nivel identificado en la indagatoria se encontraban los responsables de la comercialización y distribución de la droga.
Cabe mencionar que, si bien la atención mediática se ha centrado en Camilo Huerta por ser una figura pública, la dimensión del caso es mayor debido a la formalización de 44 imputados por parte del Ministerio Público.
Modus operandi de la red de tráfico de marihuana bajo fachada medicinal ligada a Camilo Huerta
De acuerdo con el citado medio, el corazón de la operación apuntaba al tráfico ilícito de marihuana.
“La organización se proyecta hacia el exterior mediante una fachada jurídica y terapéutica, presentándose como una corporación sin fines de lucro destinada a facilitar el acceso medicinal del cannabis”, describió el Ministerio Público.
Asimismo, explicaron que exigían inscripción como socios a usuarios, una receta médica, cuota de incorporación de $10.000 y un certificado de antecedentes sin anotaciones penales por Ley 20.000.
Desde el Ministerio Público se recalca el mecanismo de fachada utilizado para “encubrir una actividad real de producción, abastecimiento y venta masiva de cannabis con THC“, descartando que opere como entidad sin fines de lucro ni como un club cerrado.
“Por el contrario, opera como un instrumento de cobertura para un sistema abierto de captación de usuarios, distribución nacional de cannabis y explotación económica, donde la referencia al uso terapéutico, a las recetas médicas y al derecho de asociación cumple una función meramente instrumental para aparentar licitud“, explicaron.
En la misma línea, el órgano persecutor indicó que el delito de narcotráfico se configura debido a que, si bien contaban con una autorización del SAG para cultivar marihuana con CBD, lo hacían con THC, es decir, el componente con efectos psicoactivos.
A eso se suma el desvío de “esa producción de cannabis con THC hacia la red de Dispensario Nacional, lugar donde finalmente es adquirida por los consumidores”.
Para la Fiscalía, la red tenía lógica empresarial; se preocupaba del crecimiento del negocio, el abastecimiento, la expansión territorial y la obtención de utilidades. Gracias a las escuchas telefónicas recabadas en la causa, el Ministerio Público concluyó que los líderes de la organización eran conscientes del ánimo de lucro que perseguían, la fachada terapéutica montada y del pleno conocimiento de las acciones ilícitas realizadas.
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