La formalización de 19 integrantes de la organización criminal “Los Cojos de La Legua” dejó este jueves un total de 16 sujetos en prisión preventiva. Entre ellos se encuentra el líder de la banda, César Liberona Miranda, junto a sus dos hermanos, mientras que otros tres imputados, formalizados por microtráfico, quedaron con cautelares de menor intensidad.
La audiencia, llevada a cabo en el Centro de Justicia, fue encabezada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.
Durante la audiencia, el fiscal Barros detalló los alcances de una investigación que se extiende desde 2024 y que ha permitido desarticular a esta estructura que operaba con fuerza en la zona sur de la Región Metropolitana.
El persecutor puso énfasis en la antigüedad del grupo, señalando que los primeros antecedentes de su líder datan del año 2006. “A partir del 2006 inicia una carrera delictual que lo llevó a organizar y a tener una estructura que le ha permitido subsistir hasta el día de hoy”, explicó el fiscal.
Vínculo con el Tren de Aragua y la filtración de información
Uno de los puntos más relevantes que surgieron durante la formalización fue la conexión de la banda local con el Tren de Aragua.
El fiscal Barros confirmó que, según los antecedentes recopilados, dos imputados de origen venezolano, pertenecientes a la organización transnacional, participaban de la estructura criminal. Además, se evidenció que el líder de “Los Cojos de La Legua” mantiene contacto directo con el líder del Tren de Aragua para Sudamérica, identificado como Carlos González, quien actualmente se encuentra en proceso de extradición desde Colombia.
En este contexto, el fiscal también abordó las relaciones de la banda con funcionarios públicos.
El persecutor indicó que, conforme a las pesquisas, recibían información de un funcionario policial. “Desde ese punto de vista, siempre las instituciones policiales y otros organismos como incluso la propia Fiscalía siempre han sido de interés para ellos“, afirmó Barros en relación a la necesidad de la organización de contar con datos para evitar los operativos.
También se refirió a las dificultades de los imputados para justificar su patrimonio, mencionando que utilizaban una empresa inexistente para generar remuneraciones ficticias con el fin de justificar la compra de inmuebles y vehículos.
El fiscal Barros subrayó la peligrosidad de la estructura local y la importancia de no subestimar a las organizaciones nacionales. “Hay que no menospreciar las organizaciones locales que tenemos“, sentenció el persecutor. Del mismo modo, explicó que, aunque el Tren de Aragua es una amenaza transnacional, la banda de “Los Cojos de La Legua” representa un poder significativo en el territorio sur de la capital, con años de operatividad y una estructura sólida que ha sobrevivido a múltiples procedimientos judiciales.
El método del cuaderno de “Los Cojos de La Legua”
Uno de los hallazgos más llamativos de la investigación, y que fue expuesto por el fiscal Barros, dice relación con el método de comunicación utilizado por el líder César Liberona para dar órdenes desde la cárcel.
Ante las restricciones de Gendarmería, que solo le permitían visitas a través del locutorio, Liberona optó por una estrategia para evadir los sistemas de vigilancia. “Optó por la decisión de empezar a escribir en un cuaderno, luego exhibía lo que escribía en el cuaderno con instrucciones obviamente hacia el otro de los imputados“, detalló el fiscal.
La táctica del líder de la banda incluía la destrucción inmediata de la evidencia. “Luego de que se leían estas instrucciones y eran memorizadas por el otro imputado, cortaba el papel y se lo comía“, explicó Barros en la audiencia. Esta acción, según el persecutor, buscaba evitar que las conversaciones fueran grabadas o filmadas por las cámaras de seguridad de los locutorios del recinto penitenciario.
Lavado de activos y bancarización ilegal
La formalización también abordó en detalle el delito de lavado de activos, una arista fundamental para desarticular las finanzas de la organización.
El fiscal Barros explicó que el dinero producto del narcotráfico debe ser ingresado al sistema financiero, pero los imputados carecen de actividades lícitas que justifiquen el origen de los recursos. “Esto llevó a que en la investigación se determinara que ellos estaban tratando de ingresar un proceso de bancarizarse, como ellos mismos llaman“, señaló el persecutor.
Para ello, la banda adquiría bienes inmuebles y vehículos mediante leasing, con la finalidad de dar una apariencia de legalidad a sus activos.
Sin embargo, el fiscal fue enfático en que no existe justificación para el origen de los dineros, ya que los imputados “no ejercen ninguna actividad laboral lícita que pudiese permitir entonces justificar de dónde salió el dinero con lo que compraron estos bienes”.
El tribunal, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía Metropolitana Sur y analizar las pruebas presentadas, accedió a la solicitud de prisión preventiva para la mayoría de los formalizados.
Los delitos por los que se les acusa incluyen tráfico de drogas, asociación ilícita para el narcotráfico, lavado de activos e infracción a la Ley de Armas.
La investigación, que ha dejado más de 50 detenidos en total desde su inicio, logró además la incautación de más de 50 kilos de droga, armas, vehículos y dinero en efectivo.
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