La investigación penal derivada de las gestiones realizadas por la entonces diputada Karol Cariola en favor del empresario chino Emilio Yang, propietario de la cadena China Mart, entró en una nueva etapa luego que los querellantes decidieran retirarse de la causa.
Los diputados republicanos Luis Sánchez y Juan Irarrázaval presentaron un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago mediante el cual se desistieron “de manera completa y total” de la querella criminal que habían presentado por un eventual delito de tráfico de influencias. En el mismo documento precisan que la acción penal no estaba dirigida en contra de una persona determinada.
Horas más tarde, el abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de Karol Cariola, presentó un escrito aceptando formalmente dicho desistimiento, conforme a lo establecido en el artículo 401 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, el retiro de la querella no implica el término automático del proceso. Como la Fiscalía ya había iniciado una investigación de oficio y realizado diversas diligencias, ahora será el Ministerio Público el que deberá definir si existen antecedentes suficientes para continuar con la persecución penal o si solicita el cierre de la causa.
El caso se originó tras la incautación del teléfono celular de la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en el marco de la investigación por la compra de la ex Clínica Sierra Bella. En el análisis del dispositivo aparecieron conversaciones con la diputada Karol Cariola en las que esta última solicitaba ayuda para abordar problemas que enfrentaba el empresario Emilio Yang, propietario de China Mart, con la Municipalidad de Santiago.
La divulgación de esos mensajes dio paso a una investigación por un eventual tráfico de influencias y abrió un amplio debate político. Mientras desde la oposición se sostuvo que los antecedentes ameritaban esclarecer si existió un uso indebido de la influencia parlamentaria, desde el oficialismo se afirmó que las conversaciones reflejaban gestiones habituales que realizan autoridades en representación de ciudadanos y emprendedores, descartando la existencia de un delito.
Con el desistimiento de los querellantes, el componente político del proceso pierde uno de sus principales impulsores. No obstante, la decisión sobre el futuro de la causa queda ahora exclusivamente en manos de la Fiscalía, que deberá evaluar si los antecedentes reunidos durante la investigación justifican perseverar en la persecución penal o poner término a la indagatoria.
Caso China Mart: Las explicaciones de los querellantes
Si bien los parlamentarios querellantes optaron por el silencio, fuentes cercanas al Partido Republicano sostuvieron que la decisión responde a una definición institucional de “disminuir la judicialización en el debate político”, reservando las acciones penales para casos excepcionales en que una denuncia o querella resulte indispensable para que los hechos sean investigados.
De hecho, una fuente indicó que “como partido, creemos que se deben hacer los esfuerzos por disminuir la judicialización en el debate político”, reservando las acciones judiciales solo para situaciones excepcionales cuando, sin la denuncia o querella interpuesta por nosotros, los hechos no se habrían investigado. Esto en la línea de fortalecer las autonomías de las instituciones, explicó la misma fuente.
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