La Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI materializaron en conjunto un operativo denominado “Rescate” en cuatro regiones del país. Mediante esta acción desarticularon un clan familiar que defraudó al fisco en cerca de $800 millones.
La estructura criminal estaba encabezada por dos primos: un contador y un reclutador. Ellos convencían a personas naturales de aportar su RUT y Clave Única con el fin de solicitar devoluciones fraudulentas de impuestos, alcanzando un total defraudado de $788.345.559.
Entre 2021 y 2022, el clan obtuvo ganancias de montos cercanos a los $1.900 millones y defraudó reiteradamente al Fisco de Chile, a través de la presentación de documentación falsa ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), obteniendo de esta manera devoluciones improcedentes.
El procedimiento policial concluyó con nueve personas detenidas y la incautación de vehículos y otras especies, además del congelamiento de 50 productos bancarios, especialmente cuentas y depósitos a plazos.
La investigación inició en 2023 a propósito de la organización compuesta por 10 personas. Estaba dirigida por el imputado Carlos Altamirano Calisto (50), contador y asesor financiero, y por Luchiano Giannini Altamirano (41), primo del primero, cuya función principal era la de reclutador.
Ellos armaron un esquema defraudatorio que involucró, inicialmente, el reclutamiento de 63 personas naturales para utilizar sus identidades y claves tributarias en la presentación de formularios falsos. En una segunda etapa captaron a otras 150 personas, lo que suma un total de 213 ciudadanos que fueron utilizados por el clan para obtener devoluciones tributarias fraudulentas.
El modus operandi del clan familiar que defraudó al fisco en $800 millones
La solicitud del RUT y la Clave Única a las personas reclutadas se realiza bajo la excusa de un “negocio legal“, con el argumento de recuperar devoluciones que las grandes empresas supuestamente no podían aprovechar.
Luego, se instruía a la gente captada que, una vez recibida la devolución, les transfirieran la mayor parte del dinero a la cuenta de su empresa.
Para completar su objetivo, la organización hizo uso de poderes notariales supuestamente otorgados ante notario público para actuar a nombre de una empresa. No obstante, dicho notario, a la fecha de la certificación de la documentación, se encontraba fallecido.
Igualmente, se emitieron facturas por trabajos no prestados y se falseó la información entregada ante el SII, entre otras acciones delictivas.
Antecedentes del operativo de la PDI en conjunto con Fiscalía
Con todos los antecedentes anteriores, el lunes 18 de mayo se concretaron las órdenes de detención respectivas, logrando las capturas de 9 de los 10 imputados en la causa, incluyendo a los dos cabecillas.
El prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional contra el crimen organizado, destacó la acción colaborativa con la Fiscalía y el SII. Además, señaló que en la operación participaron más de 100 efectivos policiales.
Además, se materializaron allanamientos en domicilios ubicados en las regiones Metropolitana, Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos.
En las diligencias de entrada y registro se incautó abundante documentación y distintas especies, tales como inmuebles y vehículos adquiridos con los recursos captados mediante la obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos. Asimismo, entre los bienes raíces y los automóviles se suma un avalúo cercano a los $300 millones.
Por otro lado, junto con incautar una escopeta y municiones, también se congelaron más de 50 productos bancarios, principalmente cuentas pertenecientes a los imputados, quienes pasarán a control de detención este martes 19 de mayo en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, sostuvo que la investigación sigue vigente, mientras que el fiscal de San Bernardo, Rubén Salas, indicó que se estableció que cada uno de los detenidos tenía funciones determinadas que permanecieron durante el tiempo, junto con confirmar que pedirán la prisión preventiva respecto de los líderes.
Los delitos por los que serán formalizados los detenidos son asociación criminal, falsificación documental, obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos y lavado de activos.
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