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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago admitió la querella criminal presentada por el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, contra la subsecretaria de Prevención del Delito y exalcaldesa Carolina Leitao, acusándola de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La acción judicial también involucra a tres exfuncionarios del municipio. Se denuncia un mecanismo de sobreestimación de ingresos que llevó a un déficit de al menos $12.000 millones. Se acusa el uso indebido de $2 mil millones de recursos de la Subdere.

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal presentada por el actual alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, en contra de su antecesora y hoy subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

La acción judicial acusa los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Con esta resolución, el tribunal remitió los antecedentes al Ministerio Público, organismo que ya mantiene una investigación vigente respecto a las materias denunciadas por Concha.

La querella también persigue a tres exfuncionarios del municipio: el exadministrador municipal, Patricio Escobar; la exdirectora de Administración y Finanzas; Tamara Rubio; y el exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación, Juan Enrique Pino.

De acuerdo al texto de la querella, se habría implementado un mecanismo de sobreestimación de ingresos presupuestarios. Mediante la autorización de gastos por sobre la real capacidad financiera del municipio, se habría generado un déficit de al menos $12.000 millones a diciembre de 2024, cuando comenzó la gestión Concha.

“Por medio de diferentes mecanismos de defraudación, durante la administración de la exalcaldesa Carolina Leitao fue posible sostener la apariencia de un buen funcionamiento financiero municipal, mientras –tras bambalinas– generaba una situación de insolvencia progresiva, causando un déficit de caja considerable,evidenciando no solo un desequilibrio contable, sino una falta efectiva de recursos líquidos y un perjuicio patrimonial concreto”, se dijo en la querella.

También se acusó el presunto uso de cerca de $2 mil millones en recursos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Dichos dineros estaban destinados a proyectos como plazas, canchas y pavimentos, pero que se habrían utilizado para fines distintos a los fijados por ley.Finalmente, se denunció que ante la Contraloría y otros entes fiscalizadores se presentaron estados financieros que no reflejaban la situación real de la municipalidad.