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Entrando a la segunda mitad del año, la salud pública de Chile comienza una vez más a mostrar señales de agotamiento temprano de los recursos. Una realidad que, si bien se ha convertido en una lamentable costumbre, hoy se agrava ante la insistencia del gobierno por recortar el presupuesto de la red.
Los datos son preocupantes: al mes de mayo, ocho hospitales ya habían gastado más del 60% de su presupuesto anual. Entre ellos se cuentan el Guillermo Grant Benavente de Concepción (el recinto más grande del país), el Hospital de Coquimbo y el Luis Calvo Mackenna de Santiago. En tanto, 16 hospitales habían sobrepasado el 55% de su presupuesto, mientras otros 32 agotaron la mitad de sus recursos. Esto anticipa una situación sanitaria crítica a partir de agosto y septiembre.
En años anteriores el Estado se ha visto obligado a inyectar recursos de emergencia a distintos servicios, porque el dinero simplemente no alcanza. El 2026, al parecer, no será la excepción.
Ante esta realidad, cabe preguntarse por qué el Gobierno sigue insistiendo en recortar recursos a la salud pública y en buscar la causa del problema estructural en irregularidades puntuales o la bullada falta de eficiencia. Los problemas de gestión o las faltas que se cometen dentro del aparato público son un problema, pero en ningún caso las causas mayores. La evidencia es clara hace mucho tiempo en decir que la red pública está desfinanciada y necesita de cirugía mayor.
Este fin de semana, la ministra de Salud, May Chomalí, llamó a dejar de lado las “creencias ideológicas” para poner a los pacientes por delante. Esto lo dijo para defender las alianzas público-privadas como forma de resolver los problemas del sistema.
No podemos estar más de acuerdo en la necesidad de poner a los usuarios en el centro. Pero es necesario cuestionarse si las “creencias ideológicas” no estarán pesando más en el propio gobierno que ella representa, cuyos personeros insisten, contra toda evidencia, en recortar los presupuestos, endeudar más al fisco y, de paso, impulsar una rebaja de impuestos a los más ricos que, sin duda, afectará a los servicios públicos en los años que vienen.
La crisis de la salud pública no se resuelve siguiendo este camino. Al contrario, se seguirá profundizando. Y la alianza público-privada, que consiste en pagar el doble a las clínicas por lo que no se hace en la red pública, seguirá siendo la solución cortoplacista preferida. Y claro, cuando se trata de financiar el negocio de la salud, los altos costos nunca son cuestionados.
Mientras el gobierno desplegaba la Alerta Oncológica, cuyo logro más importante ha sido el primer contacto con personas pendientes de ser atendidas, se conoció el dato de que la lista de espera quirúrgica se elevó a un máximo histórico, con casi 400 mil personas esperando intervenciones pendientes. Esto demuestra que el problema no es simple y requiere de un esfuerzo económico, administrativo y sanitario mucho mayor.
Entre el déficit histórico y el recorte presupuestario, este año la salud pública no pasa agosto. El problema es urgente y no resiste más medidas parche, por lo que es necesario, como dice la ministra Chomalí, dejar las creencias ideológicas de lado y avanzar hacia un sistema público resolutivo y con financiamiento suficiente.
