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Las democracias occidentales suelen organizarse en torno a dos grandes modelos de gobierno: el presidencial y el parlamentario. Ambos pueden funcionar adecuadamente cuando existen instituciones sólidas, partidos políticos capaces de construir mayorías y un equilibrio efectivo entre los poderes del Estado.
Existe también un tercer modelo, el semipresidencial, cuyo ejemplo más conocido es Francia. En él conviven un presidente de la República, elegido directamente por los ciudadanos y dotado de importantes atribuciones, con un primer ministro responsable ante el Parlamento. Cuando el presidente y la mayoría parlamentaria pertenecen a fuerzas políticas distintas, ambos deben compartir el ejercicio del poder, fenómeno conocido como “cohabitación”. A pesar de las tensiones que ello puede generar, el sistema francés ha demostrado una razonable estabilidad.
Chile, en cambio, ha evolucionado hacia una forma de funcionamiento distinta. Aunque nuestra Constitución establece un régimen presidencial, en la práctica el presidente enfrenta un Congreso muy fragmentado y con amplias facultades para condicionar su programa de gobierno. El resultado es que el Ejecutivo conserva la responsabilidad política de gobernar, pero carece muchas veces de las mayorías necesarias para llevar adelante sus principales iniciativas.
No se trata de un verdadero parlamentarismo, porque el gobierno no depende de la confianza permanente del Congreso. Tampoco es un presidencialismo fuerte, pues el presidente debe negociar prácticamente todas las reformas importantes con un número elevado de partidos políticos. El efecto es un sistema híbrido que dificulta la adopción de políticas públicas de largo plazo.
La creciente fragmentación política ha agravado este problema. La proliferación de partidos hace cada vez más difícil construir acuerdos estables y termina transformando la negociación permanente en la regla general. Ningún gobierno logra desarrollar íntegramente el programa con el que fue elegido y, al concluir su mandato, suele ser reemplazado por otro que enfrenta las mismas dificultades.
Las consecuencias de esta situación son visibles. La incertidumbre política afecta la confianza de inversionistas y ciudadanos, dificulta la planificación de proyectos de largo plazo y reduce la capacidad del Estado para responder oportunamente a las necesidades del país. Las inversiones destinadas a desarrollar nuevos yacimientos mineros, infraestructura o proyectos agrícolas requieren horizontes de estabilidad que hoy resultan difíciles de asegurar.
No toda la responsabilidad recae sobre el diseño institucional. También influyen la calidad del liderazgo político, la disciplina de los partidos y la disposición al diálogo. Sin embargo, es evidente que las reglas del sistema pueden facilitar o dificultar la gobernabilidad.
Por ello, Chile debiera abrir un debate serio sobre la conveniencia de fortalecer su régimen presidencial o avanzar hacia un parlamentarismo plenamente desarrollado. Lo que parece menos aconsejable es mantener un sistema que combina elementos de ambos modelos sin ofrecer las ventajas completas de ninguno.
La estabilidad institucional no depende únicamente del texto constitucional, pero sí exige reglas claras, responsabilidades bien definidas y la capacidad de construir mayorías duraderas. Mientras ello no ocurra, será difícil recuperar el ritmo de crecimiento y de progreso que el país necesita.
