El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, se refirió a la querella criminal presentada contra la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y otros exfuncionarios del municipio. Señaló que con esta acción se busca establecer quiénes serían los responsables del perjuicio municipal de $12 mil millones.
Previo a referirse a la acción judicial, Concha agradeció “la disposición, el trabajo y también la colaboración de un grupo transversal de concejales y concejalas de la comuna de Peñalolén“.
El trabajo en conjunto tuvo como fin dar con los responsables de la “situación crítica” que atraviesa el municipio.
“Cuando llegamos a la gestión de Peñalolén, nos encontramos con una crisis financiera extremadamente grave, inédita y, además, sin ningún rastro de por qué se había provocado”, declaró el jefe comunal.
Detalle de la querella contra Leitao y exfuncionarios del municipio de Peñalolén
Luego de la investigación con los ediles de la comuna, se presentó “una querella contra personas que provocaron un fraude al fisco y también la falsificación de instrumento público“, detalló.
“Esto es contra exautoridades del municipio, incluida la exalcaldesa (Leitao), y tiene por objetivo que todo el perjuicio que hemos tenido que enfrentar no lo paguen los vecinos y vecinas de Peñalolén. Yo, como alcalde, tengo el deber de cuidar, apoyar y propiciar el bienestar de todos mis vecinos y vecinas del municipio y de la comunidad. Esto, independiente de cualquier cálculo político y también sin ningún tipo de defensas corporativas“, expresó Miguel Concha.
En cuanto a la cifra específica del perjuicio al municipio, inicialmente, cuando llegaron a la administración, hicieron un análisis que arrojó cerca de $9 mil millones. Luego, una auditoría externa elevó la cifra a $16 mil millones como déficit total, lo que volvió a cambiar recientemente.
“Tras el análisis y la investigación del estudio de abogados y también cruzando información con las distintas direcciones, podemos decir que el fraude estaría alcanzando al menos los 12 mil millones de pesos. Lo cual es una cifra muy grave y que, además, no es tan distinta de acuerdo a la magnitud de otros escándalos financieros que hemos visto en diversos municipios del país”, precisó.
Sobre los aspectos en los que se pudieron ocupar los recursos, Concha apuntó a la situación de las calles en Peñalolén, las “mafias que se han tomado el espacio público”, y también mencionó “la dificultad para pagar algunos recursos que estaban destinados específicamente por ley, para construir plazas, veredas, para poder tener más luminarias y que se utilizaron en otra cosa”.
La presunta responsabilidad de Leitao en el déficit
Al ser consultado por la responsabilidad de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, el alcalde de Peñalolén insistió en que la investigación y la querella apuntan a dos delitos: fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Asimismo, Concha recalcó que el déficit se produjo mediante un “mecanismo que tiene diversas vías“.
“Se proyectaban ingresos que eran totalmente injustificados, a lo que se sumaba un presupuesto infladísimo y, finalmente, un gasto irresponsable, lo cual generaba una bicicleta y terminaba con la utilización de recursos que estaban destinados para algún proyecto que se utilizaban en otra cosa para poder solventar la deuda“, contestó.
A la explicación, el jefe comunal complementó: “Al ejecutar y presentar esta querella nominativa, con nombre y apellido, estamos estableciendo quiénes podrían ser los responsables y esperamos que esto se investigue y tengamos los resultados durante todo este proceso”, añadió.
Declaraciones de concejales de Peñalolén tras presentación de acción judicial
El concejal Ignacio Sánchez (RN) hizo un llamado al gobierno y señaló: “Es impresentable que la subsecretaria de Prevención del Delito siga en su cargo“.
El edil planteó que saben bien que quedan pocas jornadas para que finalice la gestión del presidente Gabriel Boric. Pese a ese contexto, Sánchez agregó: “Quiero exigirle al gobierno que le pida la renuncia a la Subsecretaría de Prevención del Delito porque, aunque queden pocos días, creemos que es un poco de decencia y de justicia para los vecinos que nosotros representamos”, aseveró.
Por su lado, la concejal Begoña Torres (UDI) planteó que, desde que asumió el cargo junto a otros ediles, iniciaron la petición de una auditoría ante “sospechas de que había una malversación de fondos“.
“Se tienen que revisar los protocolos de la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo). Acá hubieron 35 proyectos de mejoramiento urbano, los PMU, que se comprometieron para que nuestra comuna pudiese mejorar. No se realizaron, no se rindieron los fondos y aun así, sin tener la rendición de cuentas, se volvió a entregar fondos públicos a la municipalidad”, solicitó Torres.
El concejal Claudio Hernández (independiente) planteó que “más allá de los puntos políticos que pueda hacer cada concejal o de los aprovechamientos políticos que puedan haber de esto”, está la preocupación por los beneficios que pudieron haber llegado a los vecinos y vecinas.
Por su parte, la concejal Carla Caro (RN) sostuvo que desde un inicio planteó que debía comunicarse el avance de la investigación a los vecinos y vecinas, y manifestó su apoyo al alcalde Concha.
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