Mientras la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago cuenta con un avance del 39%, con una inauguración proyectada para 2028, el fisco y el dueño de un terreno en Vitacura están enfrascados en una disputa en el marco de la expropiación de mayor valor por el nuevo trazado.
Se trata de un inmueble ubicado en avenida Las Condes, denominado lote 95L7, que cuenta con una superficie aproximada de 5.600 metros cuadrados.
De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Peritos designada en 2019, se fijó un pago de $1.653.875 por metro cuadrado del terreno expropiado, sin considerar construcciones ni otros aspectos, lo que totaliza $10.224 millones.
En contraparte, según consignó Diario Financiero, la familia Juanet Einersen reclamó el valor, considerando indemnización y lucro cesante. En ese contexto, estimaron $2.899.134 por metro cuadrado, es decir, $16.242 millones en total, y por concepto de lucro cesante, $1.713 millones, acumulando casi $18.000 millones.
Por su parte, el fisco también reclamó, solicitando una rebaja en la tasación y argumentando un exceso del daño patrimonial causado. Así, pidió fijar el valor en $1.653.875 por metro cuadrado, demandando un total de $9.265 millones.
En primera instancia, el tribunal respectivo rechazó ambas solicitudes, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre pasado.
Disputa por el terreno expropiado en Vitacura por Línea 7 del Metro llega a la Corte Suprema
La pugna llegó a la Corte Suprema, luego de que ambas partes presentaran recursos ante el máximo tribunal. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) representa al fisco, mientras que el privado es asesorado por el abogado José Manuel Sotomayor.
“El inmueble expropiado era excepcionalísimo por sus características y atributos“, expuso Sotomayor en su recurso ante la Suprema.
Además, sostuvo que “el inmueble expropiado terminó siendo infravalorado por parte de esa comisión (de Peritos)”.
También argumentó que, pese a que el terreno expropiado se entregó en arrendamiento a Automotriz Portillo por 10 años, desde el 1 de abril de 2017, se rechazó el cobro de lucro cesante pretendido por esa parte.
Por su lado, el CDE indicó que las referencias usadas por la comisión contaban con posibilidad de desarrollo inmediato a las fechas en que fueron transadas, situación distinta a la del inmueble expropiado. Esto, ya que poseía un contrato de arrendamiento vigente y construcciones aprobadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la comuna.
Asimismo, el CDE sostuvo que todas las referencias utilizadas tenían posibilidad de desarrollo inmediato a las fechas en que fueron transadas, lo que no ocurría con el inmueble expropiado, destacó, porque mantenía un contrato de arrendamiento vigente y construcciones aprobadas y recibidas por la DOM, “lo que no hace factible acogerlo a las normas de Conjunto Armónico“.
“Si bien las condiciones de constructibilidad del terreno pueden ser más favorables que las de otros considerados como referencias, lo cierto es que en otros aspectos igual de relevantes el lote expropiado se encontraba en desventaja en comparación con las referencias“, afirmó el CDE.
Igualmente, complementó que para un desarrollador inmobiliario comprar un terreno implica una gran inversión, lo que carece de sentido si las posibilidades de desarrollo no son inmediatas, situación que, según indicó, se daba en el caso del lote de autos.
Agregó que para un desarrollador inmobiliario adquirir un terreno que supone una inversión de gran envergadura no tiene sentido si las posibilidades de desarrollo no son inmediatas, como ocurría con el terreno expropiado.
Por lo tanto, desde el CDE consideran que estos elementos no fueron contemplados ni por el tribunal de primera instancia ni por la Corte de Apelaciones.
“Como hemos dicho, únicamente se centran en el índice de constructibilidad del inmueble expropiado para considerarlo mejor y más caro que las referencias, lo que lleva a que se desestime del todo la pericia que venimos analizando”, aseveró el CDE.
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