El rol del Gobierno en la compra del Instituto Profesional Arcos por parte de la Universidad de Santiago (Usach) generó duros cuestionamientos desde el Congreso. Parlamentarios de oposición anunciaron acciones de fiscalización para aclarar la operación, que fue respaldada por una garantía estatal superior a los $30 mil millones de pesos.
Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza (UDI), acusó al Ejecutivo de “utilizar la educación pública como un botín político”, señalando que la decisión “responde a intereses ideológicos y no a criterios académicos”.
“Lo que vemos es una operación con sello político, no educativo. El Gobierno está decidiendo qué instituciones se salvan según su conveniencia ideológica. Esa no es la función de un Estado responsable”, advirtió el senador.
Sanhueza afirmó que la Comisión de Educación del Senado citará al ministro de Educación y a las autoridades involucradas para que entreguen los antecedentes.
“La educación pública necesita coherencia, no favores políticos. Detrás de cada decisión de este tipo hay recursos del Estado y credibilidad institucional en juego”, sostuvo.
Diputados acudirán a Contraloría por compra de Instituto Arcos
En la Cámara de Diputados, en tanto, el diputado Eduardo Durán (RN), exalumno de la Usach, anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que investigue la legalidad y pertinencia del proceso.
“Como exestudiante de la Usach me preocupa profundamente que una universidad pública, con una historia de esfuerzo y mérito, se vea envuelta en una operación que huele más a favor político que a proyecto académico. No queremos que esto termine siendo otra clínica Sierra Bella o casa Allende”, afirmó.
Asimismo, los diputados UDI, Felipe Donoso y Sergio Bobadilla, anunciaron la presentación de una comisión investigadora en la Cámara Baja, para indagar el controvertido y millonario proceso.
Estos últimos aludieron a antecedentes que -a su juicio- darían cuenta de un “intervencionismo descarado” por parte del Gobierno y de “presiones indebidas” del Ministerio de Educación en la operación.
“Todos los antecedentes que hemos conocido hasta ahora dan cuenta del absoluto intervencionismo que ha ejercido el Ejecutivo para lograr que la Usach compre el Instituto Arcos, pese a la crisis financiera que enfrentan”, apuntaron los legisladores
“La imprudente e inédita participación del subsecretario Orellana en una sesión del Consejo Académico, así como la millonaria garantía estatal que otorgó la Dirección de Presupuestos, son muestras claras del interés que tiene el Gobierno por lograr que se concrete esta operación y así salvar esta institución, aparentemente sólo por razones ideológicas“, acusaron.
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