Casi el 50% de las demandas que ingresan al Tribunal de Contratación Pública está relacionada a municipios, los cuales no gozan de la mejor salud por estos tiempos. Casos de corrupción que investiga el Ministerio Público han puesto a dichos organismos territoriales en el centro del debate, a raíz de los cuantiosos recursos que administran. Lo anterior, a juicio del juez presidente del Tribunal de Contratación Pública, Pablo Alarcón, puede ir de la mano de que “atendido el número de municipios de nuestro país, son por lejos el mayor número de entidades licitantes que operan el sistema de compras públicas”. Pese a esto, el abogado también comenta que la situación podría explicarse por funcionarios que no se ajustan al “principio de probidad”.
Melipilla, Tierra Amarilla, Viña del Mar, Maipú, entre otras. Todos nombres de comunas donde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado acciones legales por actos de corrupción que involucran a dichos municipios, según dio a conocer en agosto de 2023 Ciper. A estas, se suman Las Condes y Santiago, donde el Ministerio Público investiga las millonarias y frustradas compras de recintos de salud.
Son las municipalidades y fueron uno de los temas que abordó el pasado 16 de enero el juez presidente del Tribunal de Contratación Pública (TCP), Pablo Alarcón Jaña, en la Cuenta Pública de la institución. Y es que de las 315 causas que ingresaron al TCP durante el año 2023, las municipalidades acumularon un 49% de demandas. Casi el 50%. Le siguieron, con un 19%, los establecimientos de salud, y los servicios públicos descentralizados con 18%.
El total de procesos del año 2023 -según se dio cuenta- representa un incremento del 18% en relación a las causas ingresadas en 2022 que se empinó en 266. En el detalle más fijo, respecto a los litigios terminados, el 2023 llegaron a puerto 314 juicios ante el TCP, mientras que el periodo anterior fue de 275. Sobre los juicios, en el 2023 un 50% de ellos finalizó por sentencia definitiva.
Respecto al alza, el juez presidente del Tribunal de Contratación Pública, Pablo Alarcón Jaña, comenta que “ello puede obedecer a diversos motivos. En primer lugar, se puede tomar como referencia el número de licitaciones publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, pues si ellas han aumentado, en relación al año 2022, significa que hay un aumento del número de licitaciones que pueden ser impugnadas ante el TCP”.
Y agrega, en segundo lugar, que “se puede considerar la complejidad del mayor número de licitaciones y el mayor monto de cada una de ellas, pues también suelen ser impugnadas licitaciones que involucran una mayor cuantía. En tercer lugar, se debe considerar las actuaciones de las entidades licitantes al realizar los procesos de licitación pública, pues generalmente la mayor cantidad de acciones de impugnación ante el TCP se dirigen a la evaluación de las ofertas por las Comisiones Evaluadoras y a la adjudicación de las mismas por las entidades licitantes”.
En lo anterior, explica, pueden “influir diversos factores, como la complejidad de las bases de licitación -o su deficiente redacción-, la inexperiencia de nuevas autoridades administrativas, y, lo más grave -que espero no sea la razón del aumento de causas-, como las presiones, influencias indebidas, o derechamente, actos de corrupción, dirigidos o realizados por dichas autoridades públicas”.
Actividad
En cuanto al tipo de contratos licitados, durante el 2023 los de suministro de bienes muebles y de prestación de servicios alcanzaron el 59%. Las licitaciones de contratos de ejecución de obras públicas alcanzó el 20% y los contratos de concesión llegaron al 21%. “Si los procedimiento licitatorios no se ajustan a la ley, ello implica que no se van a satisfacer, de forma eficiente y eficaz, dichas necesidades públicas (…) lo cual importará que se puede producir un grave daño o menoscabo a los habitantes de todas las comunas del país”, añade Alarcón.
A la actividad, que se realizó con ocasión al seminario “Nueva Ley de Compras y Cuenta Pública del Tribunal de Contratación Pública”, asistió la contralora (s), Dorothy Pérez, la directora de ChileCompra, Verónica Valle, y también el académico de la Facultad de Derecho Administrativo UC, José Luis Lara, quien también es socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La directora de ChileCompra, en conversación con Radio Bío Bío, sostuvo que “las compras efectuadas por los municipios en la plataforma de compras públicas www.mercadopublico.cl, de la que son usuarios intensivos, abarcando como sector el 24% de los montos transados, que equivalen a 3.899 millones de dólares. Esto implicó un incremento en los montos de sus compras de un 36% el 2023 en comparación con el año anterior y se tradujo en más de 1.000 millones de dólares adicionales en el 2023”.
Valle agrega un dato clave: “En término de denuncias reservadas, disponemos un canal a la ciudadanía para que pueda dar cuenta sobre una situación que atente contra la probidad, la transparencia o la integridad de uno o más procesos de contratación realizados por las entidades del Estado a través de www.mercadopublico.cl. Estas denuncias son revisadas por nuestro Observatorio ChileCompra. El 2023 el sector municipal abarca el 43% del total de denuncias, seguido por organismos del gobierno central (26%) y organismos del sector salud (20%)”.
Focos de corrupción
El socio de PPU, José Luis Lara, respecto al número de causas contra los municipios, explica que “el sector municipal tiene características que lo exponen a una mayor litigiosidad en este tipo de temas que dicen relación con la asimetría de recursos administrados, medios profesionales y tecnológicos con que cuentan, por citar algunos. A ello, se suma la debilidad que han mostrado el último tiempo sus mecanismos de control interno, entre ellos sus unidades de auditoría y el rol del propio Concejo Municipal”.
Alarcón Jaña, juez presidente del TCP, dice que las principales medidas para evitar estas situaciones deben ir en dos planos. “Capacitación de los funcionarios públicos y un mayor control administrativo. Y en cuanto al control, no sólo me refiero al rol que corresponde a la Contraloría General de la República como ente superior de control en el sistema jurídico-administrativo chileno, sino también a los controles internos de cada servicio público o municipalidad, que tiene por fin, justamente, velar porque la actuación de la autoridad administrativa se ajuste plena e integralmente a derecho”.
La directora de ChileCompra, Verónica Valle, transparenta que “en cuanto a las compras públicas, a partir del monitoreo preventivo que efectuamos en la plataforma de Mercado Público, detectamos desde nuestro Observatorio que 1 de cada 3 hallazgos a sus procesos de licitación se relacionan con fallas de diseño en las bases que repercuten directamente en limitar la participación de los oferentes o que generan discriminaciones arbitrarias en el proceso de evaluación”.
Valle, además, apunta a que “incrementar la calidad de los procesos de evaluación y adjudicación en licitaciones resulta crítico, pues si estas instancias no cumplen con los estándares de transparencia y rigurosidad que se les exigen a todos los organismos públicos, el riesgo de que luego se dé curso a acciones judiciales se multiplica”. Y complementa: “En el año 2023, ChileCompra envió 14 informes a la Contraloría relacionados, específicamente, con anomalías e indicios de faltas a la probidad observadas en los procesos de evaluación y adjudicación de licitaciones”.
De estos últimos, 8 corresponden a licitaciones realizadas por municipios del país. “Algunos de ellos, han determinado la invalidación de los procesos licitatorios, han recomendado la instrucción de procedimientos disciplinarios y auditorías a los organismos, a la vez que otros también han sido derivados al Ministerio Público, cuando existieron indicios, además, de la presencia de algún posible delito funcionario”, apunta la directora de ChileCompra”.
