Cabe mencionar que más de 2,6 millones de personas en el país, se encuentran en espera para realizarse cirugías o tener una consulta de especialidad.
Parlamentarios de distintos partidos se refirieron a la polémica que aqueja al Hospital Sótero del Río, luego que un informe de auditoría que realizó la Contraloría detectara la realización de un centenar de cirugías a funcionarios y sus familiares, saltándose las amplias listas de espera.
Cabe mencionar que más de 2,6 millones de personas en el país, se encuentran en espera para realizarse cirugías o tener una consulta de especialidad.
Los diputados de la Bancada UDI que integran la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Daniel Lilayu y Marta Bravo, solicitaron a la Contraloría General de la República extender su investigación a todos los hospitales que componen la red asistencial del país.
Al respecto, y junto con calificar como “absolutamente impresentable” que algunos trabajadores hayan utilizado el sistema a su favor, los parlamentarios aseguraron que es “indispensable” saber si lo ocurrido en el recinto metropolitano “es o no una práctica que se repite a lo largo de nuestro país”.
“En medio de una de las listas de espera más abultadas del último tiempo, donde casi 2,7 millones de personas se encuentran esperando recibir una atención, muchos de ellos incluso padeciendo enfermedades graves como cáncer, resulta absolutamente impresentable que algunos funcionarios, aprovechándose de su cargo, estén saltándose la fila para privilegiar a sus familiares, amigos o cercanos. Incluso, es de una inhumanidad tremenda, porque termina retrasando la atención de otro paciente, pudiendo arriesgar de manera grave su estado de salud”, cuestionaron ambos legisladores.
Asimismo, llamaron al Ministerio de Salud a iniciar todas las acciones administrativas que correspondan para identificar a los responsables y sancionarlos, insistiendo en que “la gravedad de este caso amerita que las autoridades del gobierno ejerzan todas las acciones que sean necesarias”.
“Atentado contra la salud”
En tanto, según el diputado Andrés Celis (RN), “hay claramente una falta administrativa. Por lo mismo, espero que la Contraloría de Oficio inicie una investigación sumaria. Si no lo hace, tendré que hacerlo yo más allá que es un hospital de Santiago, la labor fiscalizadora mía abarca a todo el país. Y segundo, creo que podría existir un delito funcionario o bien incluso un atentado contra la salud”.
“¿Qué pasa si es que mi familiar, al cual yo le di un lugar más adelante o en favor de otros o de otras, le significó la muerte o el fallecimiento de otro o de otra? Aquí estamos hablando de la vida, estamos hablando de la salud y espero, y le hago un llamado a la contralora subrogante, y le hago un llamado al fiscal, al del Ministerio Público, al fiscal general, que de oficio inicie una investigación tanto en lo penal como en lo administrativo en el caso de la contralora”, cuestionó Celis.
Listas de espera en Sótero del Río
Por su parte, el senador y presidente de la comisión en el Senado, Juan Luis Castro, señaló que “normalmente hay dos criterios que permiten darle curso a celeridad en esas listas de espera. Uno es el tiempo de espera, porque es obvio que una persona, mientras más tiempo, meses o años esté a la espera de una intervención o una especialidad, tiene precedencia por sobre quien está ingresando en las mismas condiciones para esa misma atención. O sea, el criterio de antigüedad de las listas de espera es un factor, pero también lo es la gravedad. O sea, no da lo mismo una operación programada de una hernia a que esa persona se agrave en el camino y tenga una estrangulación de la hernia, tenga una ruptura, tenga una peritonitis, porque todo eso se transforma en suma gravedad y requiere atención inmediata o lo antes posible”.
En este sentido, el parlamentario indicó que “si ninguno de los dos criterios se consideró en el caso de la auditoría del Sótero del Río, y simplemente se hizo pasar con alfombra roja a gente que no tenía ni antigüedad en la lista de espera (…), es irregular. Y siendo irregular, esto puede ser la punta del iceberg. Y, por lo tanto, no solo en ese hospital, sino que en muchos otros hospitales esto tiene que ser analizado e investigado, como ha comunicado la ministra de Salud de forma profunda”.
“Esta es la principal prioridad sanitaria del sistema público, la lista de espera. Es muy sensible que la gente tenga claridad de que su trato ha sido objetivo, imparcial y no sometido a la postergación por anteponer otros intereses u otras personas, ni menos a que haya una discriminación entre personas que están en lista de espera. O sea, este es un tema extremadamente sensible porque es un drama social, porque más de dos millones y medio de personas están en lista de espera en Chile, y es inaceptable que cualquier criterio que se aleje de los tiempos de espera o de la gravedad de la enfermedad, se introduzca en el sistema. Y menos si esto va asociado a factores internos como familiares o personas cercanas a funcionarios, o situaciones que están en la órbita”, argumentó Castro.
