La PDI y la Fiscalía Centro Norte revelaron más detalles del operativo que logró desbaratar la instalación de un polígono clandestino para practicar tiro en Quilicura, donde se detuvo a chilenos y venezolanos.
La PDI desbarató una organización ilícita que instaló un polígono de tiro clandestino en Quilicura, donde entre los profesores había exmilitares venezolanos en Chile.
Actualmente, hay siete detenidos. Seis de ellos (cuatro chilenos y dos venezolanos) fueron capturados la semana pasada y ya fueron formalizados por Infracción a la Ley de Armas y Asociación Ilícita, quedando cuatro en prisión preventiva y dos en arresto domiciliario total.
Un séptimo de nacionalidad venezolana, en tanto, se entregó durante las últimas horas y será formalizado próximamente. Él también era instructor.
Entre los clientes del polígono había tres funcionarios de la PDI y 18 efectivos de Carabineros, quienes son considerados testigos en la causa, ya que, hasta el momento, se estableció que concurrían con sus armas particulares y sus propias municiones.
El procedimiento permitió incautar un fusil convencional; 3 fusiles de airsoft; 2 rifles convencionales; 1 rifle de airsoft; 4 escopetas; 16 pistolas; 1 pistola de aire comprimido y una de airsoft; munición balística de diversos calibres; cargadores; cascos balísticos; chalecos antibalas; 1 drone; blancos de tiro; antiparras; y protectores balísticos, entre otras especies.
Modus operandi del polígono clandestino
La forma de delinquir fue explicada por la fiscal Tania Sironvalle, jefa de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional Centro Norte.
Ella contó que el polígono funcionaba a través de dos empresas legalmente inscritas y que prestaban el servicio de seguridad.
Se trata de Prosede, liderada por el chileno Juan Pablo Ruiz Dupré; y V-raptor, del ciudadano venezolano Ramón Hernández Belisario.
Ambos están acusados de realizar convocatorias para cursos de tiro, donde incluso se enseñaba a disparar en movimiento desde un auto.
Sironvalle contó que en el polígono se arrendaban armas debidamente inscritas para practicar, a un valor de $25 mil. En tanto, las municiones se vendían sin los permisos correspondientes.
La persecutora agregó que se indaga si dos funcionarios policiales habrían comprado municiones a Ruiz Dupré, lo que cambiaría su condición de testigos en la causa.
No se chequeaban antecedentes
Por su parte, el jefe nacional (s) Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto Guillermo Gálvez, explicó que en la institución se abrió un sumario administrativo contra los tres funcionarios que practicaban en el polígono.
Además, recalcó que se trata de una actividad prohibida para los policías, ya que “la institución tiene todas las condiciones anualmente para poder desarrollar estas prácticas de tiro”.
Gálvez agregó que, si bien se informaba que se solicitaban los antecedentes penales de los clientes, esto en realidad no se revisaba.
