Desde la Asociación de Tasadores criticaron el valor que asignaron peritos contratados por la alcaldesa de Santiago por el inmueble de la ex Clínica Sierra Bella, la que dicen "incrementaron en $5 mil millones" sin justificación.
El presidente de la Asociación de Tasadores de Chile (Asatch), Teodosio Cayo, dio su opinión acerca de la polémica por la compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago.
En una entrevista con La Tercera, Cayo dijo que a juicio del organismo, la compra no respetó la exigencia de la ley, por lo que directamente puso en duda lo que aseguró la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, con respecto al precio del inmueble y su debida tasación por tres expertos.
“Al revisar las tasaciones quedan muchas dudas del procedimiento realizado. Primero, porque las tasaciones con que se está justificando esta compra no cumplen ni se ajustan a lo que establece la norma chilena vigente (…) Por lo tanto, las descripciones del trabajo no son consistentes con los cálculos realizados”, indicó el experto.
Cayo explicó que la tasación parte de un terreno para el desarrollo inmobiliario, pero en este caso, se sumaron construcciones, “lo que permitió incrementar el valor del suelo en casi cinco mil millones de pesos sin justificación”.
“Desconocemos cómo fue el proceso de contratación de estos profesionales, pero si uno hace una tasación de acuerdo a la norma chilena e internacional, estas debiesen tener el sustento adecuado, lo que acá no existe”, recalcó, y además completó la información diciendo que “los referentes que usan para valorar el suelo, están sin homologación ni ajuste. De hecho, yo revisé una de las referencias que se utiliza y está a seis kilómetros del lugar del inmueble“.
Cabe destacar que el inmueble fue tasado por los arquitectos Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo Rocha, lo que fue ratificado por Hassler.
“Estos profesionales han acreditado expertiz, tanto en el desarrollo profesional y laboral como en el diseño de estudios de inmuebles, tanto en bancos, cortes superiores de Justicia y órganos de la Administración del Estado y en algunos casos con varias décadas de esta actividad, cumpliendo con ello los requisitos establecidos por el legislador para la realización de la mentada tarea”, se indica en el documento.
