Luego de las denuncias por la supuesta infiltración de funcionarios de seguridad municipal de Providencia en la denominada "primera línea", la Contraloría dictaminó que no existían irregularidades en la labor de los inspectores.

La Contraloría descartó que la Municipalidad de Providencia cometiera irregularidades ante la denuncia de supuesta infiltración de efectivos de seguridad municipal en las protestas derivadas del estallido social.

Fue en febrero del 2020 cuando una extrabajadora del municipio acusó que inspectores debían infiltrarse en la denominada “primera línea” de las manifestaciones de plaza Baquedano, para así obtener información de los protagonistas de hechos de violencia.

El municipio indicó en su momento que la denunciante faltaba a la verdad, pero esto no detuvo a opositores a la gestión de la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI), que llevaron el tema a la Contraloría.

Sin ir más lejos, el pasado lunes la concejala Macarena Fernández (Convergencia Social) junto a las diputadas Alejandra Placencia (PC) y Emilia Schneider (Comunes) ingresaron un nuevo oficio al entre contralor.

La acusación

Según informó La Tercera, Contraloría recibió la denuncia sobre la creación de un equipo de cinco inspectores que se infiltraban en las manifestaciones para registrar a quienes cometían actos de violencia.

El municipio respondió y aseguró que los inspectores solo tenían como fin “verificar y fiscalizar (…) el cumplimiento de toda la normativa legal y reglamentaria, debiendo los inspectores municipales ejecutar labores en terreno, buscando la prevención y/o la detección de conductas o externalidades que alteren el ordenamiento”.

“Lo ejecutado en el período denunciado no fue nada extraordinario para los inspectores”, añadió.

Agregaron que los funcionarios se limitaron a levantar información sobre semáforos dañados, basura, luminaria y cualquier otro daño, sobre todo en los parques Balmaceda y Bustamante. Para ello, debían no utilizar vestimenta alusiva al municipio para evitar agresiones.

El dictamen

Ante ello, Contraloría concluyó que “las municipalidades están habilitadas para desarrollar actividades de inspección en la respectiva comuna, pero sin que ello pueda implicar invadir las tareas propias de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.

“De este modo, a los municipios les está permitido, en dicho ámbito, llevar a cabo solo labores de apoyo y colaboración, lo que, desde luego, también resulta aplicable, tratándose de las actividades de inspección, que servidores municipales puedan ejecutar con ocasión de alguna manifestación social”, se dijo.

Igualmente, se ordenó que el municipio debe “adoptar las medidas que resulten conducentes para que, en lo sucesivo, sus actuaciones en la materia se desarrollen en conformidad a las pautas antes indicadas”.

Al respecto, la alcaldesa Matthei señaló en Twitter que con este dictamen “se valida el correcto accionar, apegados a la normativa legal vigente, en el cuidado y protección de la infraestructura pública dañada”.