El director del Centro Avanzado Para Tecnologías del Agua de la Universidad de Chile afirmó que para resolver el problema por la crisis del agua en el país se requiere tanto la tecnología, para hacer más eficiente su uso, pero también un rol activo del Estado.
El racionamiento del agua en Santiago está cada vez más cerca de convertirse en una realidad ante la crisis hídrica que afecta al país.
Situación que preocupa a las autoridades, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay localidades en otras regiones del país con restricciones en el uso del recurso.
James McPhee, director del Centro Avanzado Para Tecnologías del Agua de la Universidad de Chile, en conversación en Expreso Bío Bío indicó que “cuando nos preocupamos del racionamiento desde una visión centralista, Santiaguina, estamos llegando un poco tarde al problema”.
Explicó que lo primero es comenzar con un “cambio de conducta por parte de la población. Tomar conciencia que efectivamente el agua no es ilimitada”.
Agregó que la solución a la escasez del recurso es multidimensional. Van desde el punto de vista tecnológico, donde es posible aumentar su eficiencia, buscar nuevas fuentes de agua y hacer uso de aguas residuales; pero también requiere de la institucionalidad y la gestión.
“No es posible resolver los problemas del agua solamente con solución tecnológica y tampoco es posible resolverlo solo con soluciones legislativas o de gestión. Deben ir combinadas, de la mano”, aseguró McPhee.
En el corto plazo, consideró necesario ir en ayuda a los sectores más vulnerable para que puedan tener cierta autonomía y no dependan de camiones aljibes.
En el mediano plazo, en tanto, afirmó que urge avanzar en la “constitución de comunidades de cuencas, como se ha sugerido en múltiples informes y estudios de distintos actores”.
El director explicó que en muchos casos las soluciones para las comunidades que no tienen un buen suministro de agua “se pueden resolver con volúmenes relativamente modestos, comparado con la que se utiliza en la gran agricultura”.
Asimismo resaltó que cualquier medida que se adopte requiere de un rol activo del Estado para facilitar y propiciar acuerdos.
También planteó que la desalación del agua de mar y de acuíferos salobres “representan oportunidades de fuentes alternativas para incorporar nuevas aguas a nuestros sistemas de gestión”.
Si bien la desalación puede tener un impacto, debe ser la sociedad la que defina cuánto está dispuesto a aceptar para que estas nuevas aguas puedan incorporarse a la matriz de abastecimiento, cerró.
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