El Hospital Barros Luco informó que la Contraloría determinó que el recinto asistencial debe realizar un proceso disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas por las movilizaciones realizadas en junio pasado.
Todo nace de una movilización realizada en junio de este año, donde funcionarios del centro de salud reclamaban la imposibilidad de acceder a vacaciones y días administrativos por la crítica situación generada por la pandemia de la covid-19.
En su momento, Luis Bravo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) del hospital, afirmó que “llevamos 1 año 3 meses sin vacaciones, sin feriado legal, sin días administrativos (…) tenemos funcionarios agotados con estrés, turnos incompletos y falta mucho personal en los hospitales públicos. Aquí dijimos basta”.
Debido a dicha movilización, se realizó una denuncia anónima ante la Contraloría acusando un eventual bloqueo de camas por parte de 137 funcionarios, por lo que se inició una revisión por parte de dicho órgano y se solicitó información al centro asistencial.
“La información fue provista, poniendo a disposición del organismo los antecedentes que demostraban el bloqueo de 27 camas y la suspensión de pabellones con el respectivo retraso de al menos 126 cirugías, además de las reuniones sostenidas con representantes del gremio, en las cuales se les dio a conocer el estado de avance de sus solicitudes, los correos del 08 de junio en los cuales se les otorgaban seis días de feriados legales para el tercer y cuarto turno permitiendo así 10 días de descanso continuo y los correos electrónicos del 09 de junio en los que se señalaba que se podían solicitar feriados legales, sin restricción, según normativa vigente y resguardando que no se bloquearan camas ante la alta demanda asistencial, en el marco de la Alerta Sanitaria y Estado de Excepción”, señaló el recinto asistencial en un comunicado.
Luego, Contraloría solicitó más información para conocer las medidas adoptadas para dar continuidad a la atención durante el lapso de tiempo donde hubo trabajadores movilizados y si estos se habían ausentado de sus labores.
El informe
Tras la revisión de los antecedentes, Contraloría determinó que quienes participaron de la manifestación habrían cometido una infracción a los deberes funcionarios y “en un contexto sanitario altamente complejo que afecta al territorio nacional, a causa de la pandemia provocada por el brote de covid-19”.
Por ello, se indicó que debe iniciarse un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Junto con ello, se determinó que a cinco funcionarios que se habrían movilizado entre el 3 y el 11 de junio no recibieron los descuentos correspondientes, por lo que se determinó que el hospital deberá disponer “las medidas pertinentes a fin de obtener el reintegro de los montos que se hubieren pagado por aquellas jornadas laborales”.
Eso no es todo, porque la Contraloría también dictaminó que se deberá revisar a los funcionarios que se movilizaron entre el 12 y el 17 de junio, lapso donde no se habrían aplicado descuentos.
Contraloría también señaló que los funcionarios del Estado no pueden declararse en huelga y que “la letra i) del artículo 84 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, prohíbe a los funcionarios públicos dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado”.
