El Juzgado de Garantía de Talagante decretó la medida cautelar de prisión preventiva del cabo primero Miguel Ángel Toledo, imputado por el Ministerio Público, junto a otros cuatro funcionarios policiales, como autor de los delitos consumados de apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público, en octubre de 2019.

Se trata de un hecho que ocurrió el 21 de octubre de 2019, cuando Bernardino Becerra, quien presenta una hipoacusia severa, conducía su automóvil particular por la avenida Los Silos de la comuna de Padre Hurtado en compañía de Freddy Herrera, cuando fue impactado por un carro lanzagases de carabineros.

Producto de la situación, cinco uniformados que venían al interior del vehículo policial se bajaron portando armas de fuego institucionales, rodearon el vehículo, y uno de ellos disparó a la víctima que se encontraba al interior del vehículo al menos en tres oportunidades.

Posteriormente, el 24 de octubre de 2019, los imputados denunciaron los hechos, según da cuenta un parte policial de la Tenencia Santa Rosa de Chena, como un delito de atentados en contra de la autoridad, faltando a la verdad -según la Fiscalía-, al afirmar que fueron atacados por el vehículo conducido por Becerra, alterando, además, la fecha de elaboración del documento, al consignar que fue suscrito el 22 de octubre de 2019.

Así -y tras varias pesquisas- se realizó la formalización de los uniformados por los delitos de apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público en el Juzgado de Garantía de Talagante, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva del cabo primero de la prefectura de Operaciones Especiales de Carabineros, Miguel Ángel Toledo Álvarez, quien es acusado de ser el autor de los disparos.

En la audiencia -a la cual no tuvo acceso la prensa-, el magistrado Cristián Cáceres ordenó el ingreso en prisión preventiva de Toledo Álvarez por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

En tanto, el tribunal dejó al coimputado y mayor de Carabineros Jean Pierre Hirsh Aceituno, sujeto a las cautelares de arraigo nacional, arresto domiciliario total, la prohibición de porte y tenencia de arma de fuego y la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y a la víctima.

En el caso del sargento segundo Enrique Pulgar Pacheco, el cabo primero Francisco Tapia González y el cabo segundo Máximo Huaiquiñir Calluil se les impuso las medidas de arraigo nacional, firma quincenal y la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y a la víctima.

En paralelo -y en un juicio abreviado- la justicia dictó la libertad de cinco personas que se encontraban en prisión preventiva por los desórdenes ocurridos el 29 de marzo, en el Día del Joven Combatiente.