El juez Daniel Urrutia se refirió este viernes a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que encontró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales y al principio de legalidad, por no respetar y garantizar dichos derechos.

Urrutia acudió a la instancia internacional tras acusar una persecución y hostigamientos por un trabajo académico que data de 2004, donde planteaba que el Poder Judicial debía adoptar medidas de reparación por la responsabilidad que habría tenido en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo que derivó en una sanción.

En la sentencia, además, se estableció que en la sanción se violó “la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, y que la Corte de Apelaciones de La Serena no le brindó una oportunidad para ejercer su derecho de defensa en forma escrita u oral, lo que constituyó una vulneración adicional al derecho a la defensa del Juez”.

Al respecto, el juez Urrutia afirmó que la “sentencia de la Corte Interamericana viene en un momento muy importante, en el cual más de 4 organismos han señalado que en Chile se violan los Derechos Humanos (…) Lo importante es que la Corte ha señalado, a propósito del caso, que en el Estado de Chile y el Gobierno no se toman en serio la defensa y promoción de los derechos humanos”.

“La sentencia ha sido clara, al establecer que se violaron mis derechos como ciudadano y juez, por haber emitido en un trabajo académico una crítica al mismo poder judicial por su actuación durante la dictadura. Ahora, después de 40 años, podemos observar que el Poder Judicial aún está al debe de esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos por una parte, es decir, que nunca puso los recursos necesarios para terminar con los casos que ya llevan más de 30 años de tramitación y esa es una vergüenza que carga el Poder Judicial”.

Para finalizar indicó que “el actual Poder Judicial no cumple con los estándares necesarios para proteger los derechos humanos de los ciudadanos y, por lo tanto, debe ser refundado, terminar con esa estructura colonial que está heredada desde antes de la república y proceder a ser uno plurinacional, promotor de los derechos humanos, que dé garantías a todos y todas”.

Soledad Piñeiro, presidenta Asociación Nacional de Magistrados, destacó la importancia del fallo a favor del juez Urrutia porque se centra en dos temas fundamentales.

“El fallo se refiere al derecho de defensa, al órgano imparcial y a la tipicidad de las conductas y, por otra parte, a la independencia judicial y cómo la estructura, la forma orgánica, que tiene el Poder Judicial no la favorece”, explicó.