El Juzgado de Garantía de Puente Alto solicitó al Gobierno que evalúe el cierre provisorio de Cárcel de Puente Alto y ordene el traslado de internos a otros centros penitenciarios de la región Metropolitana.
Esto se determinó luego de una audiencia por una cautela de garantías solicitada por la organización 81 Razones, nacida tras la tragedia de la Cárcel de San Miguel, y que se realizó este martes para revisar la situación de los internos.
Dicho penal fue el primero del país en registrar casos de coronavirus en el país, lo que incluso provocó varios incidentes al interior del recinto.
A la audiencia asistió un abogado de Gendarmería que detalló que de los 821 internos que siguen en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto (porque varios han sido trasladados o enviados a sus casas por el indulto) hay 277 contagiados con Covid-19.
Añadió que al interior del penal se han tomado diversas medidas para salvaguardar la integridad de los internos, entregando alcohol gel, guantes y mascarillas. Junto con ello, las audiencias se realizan a través de videoconferencias y los nuevos internos se encuentran aislados por 14 días.
Ante ello, el magistrado Rodrigo Hernández determinar oficiar al ministro de Justicia, Hernán Larraín; y al ministro de Salud, Jaime Mañalich; para que en un plazo de 10 días evalúen un posible cierre del penal, derivando a los reos hacia otras cárceles con las respectivas medidas sanitarias.
Ximena Silva, defensora local jefe de Puente Alto, indicó que la idea de dicho cierre es subsanar algunas deficiencias sanitarias que puedan existir en el penal.
Además, indicó que Defensoría solicitó que se incremente el personal médico en la cárcel.
El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, dijo que la población de esa población penal ha sido testeada y vacunada contra la influenza.
