Vigilancia permanente las 24 horas del día es la medida especial de protección que dictaminaron los tribunales de la región Metropolitana para la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, luego de recibir amenazas de muerte por parte de grupos de narcotraficantes de la comuna.
Esto, luego de las denuncias públicas que la jefa comunal ha realizado junto a alcaldes de distintos municipios sobre la creciente presencia de grupos delictuales en espacios públicos, a propósito de hechos como balaceras y fuegos artificiales en funerales de narcotraficantes, en distintas comunas de la capital.
La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, lamentó la situación que afecta a la alcaldesa, pero fue enfática en señalar que el Gobierno siempre ha estado a disposición de los municipios para colaborar en materia de delincuencia.
La alcaldesa Pizarro sostuvo que la problemática no se soluciona reforzando la seguridad, y que le gustaría que el Gobierno anunciara medidas para revertir la inequidad territorial en comunas como La Pintana, que no han recibido inversión estatal determinante hace más de treinta años.
Por su parte, el alcalde de La Granja y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpín, acusó un abandono estatal hacia las comunas más segregadas de la capital, donde existen los mayores focos de delincuencia.
A su juicio, los gobiernos de turno deben enfocarse en resolver la desigualdad social para evitar escenarios en que la población esté propensa a incurrir en el ámbito delictual.
Luego de las denuncias de municipios como La Pintana, La Granja, Peñalolén y Conchalí, el Gobierno incrementó los controles policiales en los denominados “funerales de alto riesgo”, y anunció que presentarán un proyecto de ley sobre “amedrentamiento” que sanciona conductas como disparos al aire y fuegos artificiales.
