Una serie de reparos expresaron los alcaldes que conforman la Asociación Chilena de Municipalidades al proyecto de ley que firmó el presidente Sebastián Piñera, y que pretende facultar a los directores de colegios para que expulsen de forma inmediata a estudiantes que protagonicen hechos de violencia.

El alcalde de la comuna de Lo Prado y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos, junto con solidarizar con las familias que han sido víctimas de esta violencia, cuestionó que se quiera expulsar de forma automática a un alumno, sin antes realizar un debido proceso.

Ríos agregó que las modificaciones que propone el Ejecutivo no necesitan de una ley, ya que pueden ser incorporadas en los actuales manuales de convivencia escolar.

Así también lo entiende el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quien puso en duda que esta iniciativa legal cuente con el apoyo de los parlamentarios para su pronta aprobación en el Congreso. La autoridad comunal acusó al Ejecutivo de buscar más bien un efecto comunicacional.

Donde sí concuerdan con el proyecto del Gobierno es en la Municipalidad de Santiago, comuna en la que se han desarrollado todos los hechos de violencia que hoy se buscan sancionar y donde ya se han cursado expulsiones de estudiantes, por medio del uso de los manuales de convivencia.

Pese a esto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, sostiene que sigue existiendo una sensación de impunidad y llamó a los parlamentarios a apoyar la iniciativa del Gobierno.

En el Colegio de Profesores, en tanto, su presidente Mario Aguilar también tuvo reparos al proyecto en particular a las atribuciones que se buscar dar a los directores de colegios, indicando que las tareas de seguridad no son parte de sus competencias educativas.

En cuanto a la reubicación de los estudiantes que transgredan la norma -en caso de ser aprobada por el Congreso- los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades, indicaron que la iniciativa debe contemplar los recursos necesarios para que el establecimiento que reciba a ese alumno, pueda hacer un trabajo especial que permita abordar y corregir su actuar violento.