Luego que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) levantara la medida cautelar que mantenía suspendido el proceso de licitación para el 50% de la flota del Transantiago, el nuevo gobierno deberá decidir qué pasos seguir para continuar con el proceso o abandonarlo.

Cabe recordar que esta medida se produjo luego que el TDLC acogiera el recurso de reposición presentado por el Ministerio de Transportes cuando estaba encabezado por Paola Tapia.

Lee también: TDLC levanta medida cautelar y se destraba proceso de licitación del Transantiago

Actualmente, la nueva ministra de Transportes, Gloria Hutt, se encontraría trabajando en un plan para mostrárselo a Sebastián Piñera, donde se estaría evaluando si seguir con la licitación o extender los contratos a las operadoras actuales, según consignó el Diario Financiero.

Dentro de las situaciones a evaluar para tomar la decisión, se encuentra que extenderle los contratos a las actuales operadoras significaría realizar una renegociación con Alsacia, empresa que demandó al Estado por US$330 millones ($198 mil millones) donde acusaban medidas arbitrarias que le habrían causado perjuicios económicos y de reputación y también por haber quedado fuera del proceso de licitación.

Según indicó el Diario Financiero, al extenderle los contratos, la operadora podría añadir algún pago extra al considerar las indemnizaciones que le deberá dar a sus trabajadores cuando termine su operación. En tanto, los contratos de STP y Redbus vencen durante mayo, ante lo que el exdirector del Directorio de Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz, señaló que “las condiciones en que negocian será clave y esto podría traer un aumento del pago por pasajero transportado”.

“Veo un riesgo en el tema de conductores, ya que si hay algo que les complica es la incertidumbre laborar, ellos buscarán indemnizaciones o que se les respete la antigüedad” señaló por su parte el exdirector del Transantiago, Raimundo Cruzat. Estas declaraciones se dan en el marco que se podrían generar movilizaciones y paros por parte de los conductores que buscarían continuar con sus lugares de trabajo.

En tercer lugar, otra situación que se deberá tener en consideración para tomar la decisión, es la presión que podrían tener las empresas privadas que quedaron dentro del proceso de licitación. Para no perder sus inversiones y parte de las construcciones de los nuevos buses, las compañías podrían comenzar a presionar para dar cumplimiento al cronograma. “Esas son decisiones de privados y no hay ninguna responsabilidad para el Estado”, señaló Cruzat.