La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en pagos efectuados a Pablo Amaro Valenzuela, actual seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Maule, durante su desempeño previo en la Municipalidad de Villa Alegre.
El informe del ente fiscalizador reveló desembolsos por $13.424.000 entre enero y agosto de 2024, asociados al Programa de la Juventud, sin contar con los respaldos suficientes que acrediten la ejecución efectiva de las labores comprometidas.
A estos antecedentes se suma un segundo contrato por $17.024.520, correspondiente a servicios profesionales en gestión comunicacional, extendido entre enero y octubre del mismo año.
En este caso, la Contraloría advirtió informes mensuales genéricos, la ausencia total de reportes en abril y la falta de verificación de actividades en mayo, lo que refuerza las dudas sobre la correcta prestación de los servicios.
Frente a estos hallazgos, el organismo instruyó a la Municipalidad de Villa Alegre realizar una revisión exhaustiva para determinar qué funciones se ejecutaron efectivamente.
Irregularidades detectadas
En el documento, la entidad fue categórica: “Corresponderá determinar las tareas realizadas y, respecto de las no ejecutadas, iniciar acciones para obtener la restitución de los fondos”, consigna el informe.
Pese a que desde el municipio señalaron que la situación fue subsanada mediante la entrega posterior de antecedentes, la Contraloría ordenó igualmente la apertura de un sumario interno para establecer eventuales responsabilidades administrativas.
El caso se enmarca en una serie de denuncias previas impulsadas por autoridades locales, entre ellas la concejala María Ignacia González y los diputados Francisco Pulgar y Consuelo Veloso, quienes solicitaron investigar diversas anomalías en la gestión del alcalde Pablo Fuentes Vallejos.
Entre los cuestionamientos más relevantes figuran el uso excesivo de tratos directos —que alcanzaron el 75% de las adquisiciones entre 2021 y 2023—, posibles sobreprecios en compras, retrasos en proyectos y pagos de honorarios injustificados.
Cabe recordar que, en septiembre de 2024, la Contraloría ya había instruido al municipio abstenerse de contratar personal a honorarios para funciones permanentes, reforzando así el control sobre el uso de recursos públicos.
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