Una empresa agrícola ligada al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, denunció un ataque a huertos de berries ubicados en la comuna de Parral, región del Maule.
Mediante una declaración pública, Empresas Sutil informó que este martes “se constataron daños causados por una posible intoxicación de los huertos orgánicos de frutillas y moras, correspondiente a una superficie total de 53 hectáreas”.
Según la investigación interna de la compañía, el ataque se habría materializado introduciendo herbicidas en bidones dosificadores que se usaban para aplicar fertilizante en la plantación a través del sistema de riego por goteo.
“Se detectó la presencia de bolsas de producto químico, cuyas especificidades y origen se encuentran siendo investigados por los organismos pertinentes”, agregan en el texto.
Los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público, que esta tarde confirmó el inicio de una investigación para establecer la veracidad de los hechos denunciados y eventuales responsabilidades.
El fiscal jefe de Parral, Nelson Riquelme, detalló que los hechos habrían ocurrido el 6 de octubre, no obstante recién hoy ellos tuvieron conocimiento.
“Efectivamente hoy se recepcionó una denuncia por hechos que habrían acontecido el 6 de octubre del presente año, consistente en el hallazgo de unas bolsas con contenido extraño en estanques y sistema de riego del predio”, indicó el persecutor.
En ese contexto, se dispuso el trabajo en terreno del fiscal (s), Francisco Ávila, quien se trasladó hasta el Fundo Santo Domingo en compañía de detectives de la PDI y personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Tras realizar las primeras diligencias, el fiscal instruyó el trabajo de una sección especializada de la PDI: La Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente (Bidema).
“Acto terrorista”
Al respecto, la senadora independiente (ex Evópoli y actual pro RN), Carmen Gloria Aravena, indicó que esta situación es una nueva forma de atentado terrorista.
“Esta es una nueva forma de atentado terrorista y al parecer no sólo quieren destruir camiones, bosques, escuelas e iglesias, sino también la actividad agrícola y productiva”, recalcó.
En esa misma línea, en su declaración pública la empresa afectada anticipó responsabilidades asegurando se trataba de “actos de violencia que protagonizan minorías irracionales que buscan dañar y destruir los bienes más preciados y fundamentales de las chilenas y chilenos, como son la vida, la libertad, la seguridad, el trabajo y la democracia”.
En el mismo documento advierten que “nadie puede quedar indiferente frente a la violencia de unos pocos que tanta devastación están ocasionando a nuestro país”.
Agregando que “recuperar la paz social es un imperativo ético y una condición indispensable para que Chile pueda volver a crecer, a crear empleos y a entregar un mejor futuro para todos sus habitantes”.
Hasta ahora no está claro por qué la empresa demoró dos semanas en denunciar lo ocurrido ante las autoridades correspondientes, aunque aquello pudo haber ocurrido por la investigación interna que inició la compañía el día del ataque.
