El alcalde de Talca, Juan Castro, se encuentra en el ojo del huracán tras darse a conocer una investigación en su contra por el delito de cohecho y negociación incompatible y que involucra a otros dos funcionarios municipales.
El jefe comunal quien no se presenta a reelección se encuentra con arraigo nacional, tras la formalización de cargos.
Sin embargo, es poca la información que se conoce respecto a la investigación que implica al edil. Acá algunos de los detalles de la indagatoria encabezada por el fiscal Héctor de la Fuente:
30 de septiembre de 2009
De acuerdo a lo que consigna The Clinic, la Municipalidad de Talca, aprobó la contratación de la empresa CTS Limitada por $42.483.000 pesos, por servicio de “Barrido y Levante de Microbasurales de la Municipalidad de Talca”.
28 de octubre de 2009
Fue firmado el contrato por Juan Castro, Ángel Tizza Santos y Christian Tizza Martínez, uno de los dueños de CTS.
Abril de 2010
Cuando se cumplían cinco meses de la contratación de CTS Limitada, la empresa arrendó una bodega a la sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva Limitada por un valor de 500 mil pesos mensuales. Esta última pertenece a Castro y a su esposa.
La facturación del arriendo se habría realizado por unos meses a nombre de esa empresa y luego se traspasó a otra: Barraca de Fierro Castro Limitada, donde Castro también tiene participación.
Septiembre de 2011
CTS Limitada se adjudicó la Licitación de “Barrido y Levante de Microbasurales de la Municipalidad de Talca”, por $83 millones mensuales.
02 julio de 2013
El Concejo Municipal acordó ampliar este contrato, aumentando su valor en cerca de $10 millones. Esa modificación fue firmada por Juan Carlos Díaz Avendaño, en calidad de alcalde subrogante.
11 y 12 de julio de 2013
El administrador municipal y candidato al sillón municipal, Juan Carlos Díaz Avendaño y Juan Dagoberto Valdebenito Mansilla, jefe de gabinete de Castro, compraron dos lotes de terreno de la ciudad de Talca por un valor de $12.500.000 cada uno.
Posteriormente, se habría acordado en una promesa de compra-venta, vender a la empresa CTS Limitada, aunque finalmente quien compra es Intervención Urbana Limitada, que, al igual que CTS, es de propiedad de Tizza Martínez.
Mayo de 2014
Los terrenos fueron arrendados por cerca de un año, por el valor de $250 mil mensuales cada uno a Intervención Urbana Limitada. Finalmente, los terrenos son vendidos por un total de $70 millones.
Viaje a Argentina y Europa
Sin embargo, lo anterior no es lo único que ligaría a Castro (alcalde), Díaz (administrador municipal) y Valdebenito (jefe de gabinete) con las empresas de Tizza Martínez.
En 2009 Tizza había invitado a Castro y Valdebenito, con gastos pagados, a Córdoba, Argentina.
En abril de 2011, mes en que se publican las bases de licitación de “Barrido y Levante de Microbasurales”, el alcalde viajó a España en compañía de los señores Valdebenito Mansilla y Walter Barruño Urra, asesor jurídico municipal, que también formaba parte de la Comisión de Evaluación de la Licitación de Barrido.
La invitación la habría gestionado Jorge Klein Garfias, gerente general y representante de Urbana Chile S.A.
De España, pasaron a Francia e Italia donde habrían visitado empresas de recolección de basura.
Posteriormente Urbana Chile habría facturado la prestación de servicios a la Municipalidad de Talca, por dos camiones recolectores de basura, por un valor de $6.108.600 pesos. Uno de esos camiones, es de propiedad de Valdebenito Mansilla y el otro pertenece a su expareja.
Respuesta del alcalde
En su declaración el 6 de julio de este año, Juan Castro afirmó que prestó la bodega de propiedad de Santa Malva LTDA “para que CTS pudiera guardar allí sus cosas”.
“Nunca tuve claro, es más nunca supe que esa empresa hubiere pagado algo por ocupar mis instalaciones. Eso lo supe a propósito de la investigación de Juan Carlos Díaz. No puedo precisar cuánto tiempo ocuparon las instalaciones, tal vez unos seis meses, pero en verdad no me acuerdo. Lorena es muy ordenada así que si hay 6 papeles es porque estuvieron 6 meses (…) Le reitero que no recuerdo hasta cuando CTS estuvo en las bodegas. Ni siquiera sabía, como ya dije, que hubieran pagado algo. Creo que fue a propósito de una publicación en el diario o radio que me enteré que pagaban un arriendo, pero ni siquiera se hasta cuando pagaron. Imagino que luz y agua también la pagaban ellos”, aseveró.
E insistió: “Yo ni siquiera sabía, como ya he dicho que la empresa me estuviera pagando arriendo, tampoco fui advertido por la denominada Comisión Técnica de la Evaluación de la Licitación y solo ahora que leo veo que está integrada entre otros por Juan Carlos Díaz, Cristián Ramírez, Verónica Reyes, Walter Barramuño. De los mencionados Barramuño es abogado”.
