Una pugna interna que llegó a la justicia enfrenta una de las más extensas iglesias evangélicas del país. Esto debido a que un grupo de exmiembros denuncia una eventual malversación de hasta 5 mil millones de pesos de recursos fiscales. Desde la Misión San Pablo de Chile, creada en Lota, lamentaron la acusación y descartaron cualquier irregularidad.
Son dos acciones legales que involucran a las actuales autoridades de la Misión Evangélica San Pablo y que fueron presentadas por cinco exmiembros de la iglesia, quienes aseguran haber sido ilegalmente destituidos, entre ellos Robinson Ferreira.
Como exadministrador, Ferreira explicó que las irregularidades comenzaron con un cambio en los liderazgos y los estatutos, para luego expulsar a quienes cuestionaron la situación, especialmente el manejo de los fondos que la iglesia recibe desde el Estado, más de mil millones de pesos anualmente.
Según explicó, “los estatutos fueron modificados para tener un mayor poder: para destituir a quienes quieran sin ningún debido proceso y para manejar los dineros que el señor Marcos Durán postula y obtiene, sin dar cuentas a la Misión”.
Se refiere Ferreira a antecedentes publicados por oficinas del gobierno sobre los recursos que entrega para proyectos relacionados con el Servicio de Reinserción Social Juvenil, el ex Sename. Marcos Durán, actual administrador, no quiso referirse telefónicamente a la acusación y condicionó su versión a una entrevista personal.
“Somos una entidad de escasos recursos”
Sin embargo, quien sí hizo declaraciones fue el obispo de la Misión San Pablo, Juan Carlos Jara, descartando cualquier mal uso de los dineros, asegurando que nunca han recibido los montos que se denuncia y lamentó que se haya llevado el conflicto a los tribunales.
“Lamento que una misión que lleva 80 años quede expuesta de esta manera por personas que considerábamos nuestros hermanos, pero que lamentablemente han llegado a estos extremos de deshonrar el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo”, dijo Jara, afirmando que “somos una entidad de escasos recursos”.
La investigación que desarrolla la Fiscalía es a partir de una querella presentada por los exmiembros de la iglesia evangélica, denunciando la comisión de delitos que van desde la malversación a la falsificación de instrumentos públicos y privados, precisó Robinson Ferreira.
Además, hay una demanda civil que busca dejar sin efecto las elecciones que llevaron a sus cargos a las actuales autoridades, así como los cambios en los estatutos de la Misión San Pablo, cuya presencia nacional se extiende desde Arica a Temuco.
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