Arresto domiciliario total para uno de los acusados por corrupción judicial en Los Ángeles

Con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados quedó Nelson Sáez Reyes, funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, formalizado por el delito de cohecho reiterado en una investigación por corrupción en procedimientos judiciales. Respecto a los otros tres acusados, la Fiscalía pidió la prisión preventiva y la cautelar de ellos se resolverá este miércoles.

Fue en una nueva jornada de audiencia de formalización de cargos que la jueza Claudia Aguilera González acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó las cautelares contra Nelson Sáez.

Cautelares del resto de acusados se resolverán mañana

En la instancia, también se pidió la prisión preventiva para las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, y para el exdefensor penal público de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado, por su participación en los delitos de asociación criminal y otros vinculados al sistema de administración de justicia penal en dicha ciudad.

Estos últimos fueron formalizados por asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y sobornos. En el caso de Susana Cortés y Andrea Romero, también enfrentan cargos por tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas de fuego, obstrucción a la investigación y prevaricación. En tanto, a Patricio Gutiérrez se le suma el delito de revelación de secretos.

Hechos investigados

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal de Ñuble, Nayalet Mansilla, las abogadas imputadas, entre 2017 y marzo de 2025, atentaron contra el orden social de administración de justicia al cooptar al funcionario judicial Nelson Sáez, encargado de actas del tribunal, para que acomodara audiencias con una magistrada, también imputada en la causa, quien fallaba en favor de sus intereses.

También cooptaron a Patricio Gutiérrez y a un fiscal de Los Ángeles, esposo de Andrea Romero e imputado en esta investigación, quienes facilitaron la obtención de información desde los sistemas informáticos de la Defensoría y de la Fiscalía que favorecieron a sus esposas en las defensas de sus clientes.

Esta jornada, el fiscal Sergio Pérez, que forma parte del equipo de la fiscal regional, expuso audios y conversaciones por WhatsApp que corroboran la participación de las abogadas como parte de la banda criminal que defendían y que se dedicaba al tráfico de drogas y armas.

“El servicio laboral que venden es la impunidad a toda costa. Se convierten en parte de la banda delictual”, expresó el fiscal Sergio Pérez en la audiencia. Incluso se dio a conocer que las abogadas formalizadas idearon una denuncia simulada para intentar acreditar una falsa cooperación sustancial del líder de la agrupación criminal que defendían.

Asimismo se expuso que el defensor local jefe y esposo de una de las imputadas, Patricio Gutiérrez, facilitó el acceso de las imputadas al sistema informático de la Defensoría Penal Pública.