"¿Podrías revisar estos RUT?": los chats que vinculan a fiscal y su esposa en trama por dateo a narcos

Un documento clasificado del Ministerio Público vincula directamente al ahora suspendido fiscal adjunto de Los Ángeles, Rodrigo Durán Fuica, en la trama por filtración de información valiosa a la defensa de peligrosos narcos de la zona. La representación legal de los imputados, entre los que se cuenta el sicario venezolano, Moisés Bastardo Bastardo, estaba liderada —nada más y nada menos— que por la esposa del persecutor, la abogada Andrea Romero Jara.

Hoy, él figura como imputado en una investigación penal desformalizada que dirige la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso. La misma calidad mantiene en otra arista del proceso la jueza Cherie Palomera Astroza, además de la cónyuge de Durán y la socia de esta última, Susana Cortés Karmy. Compañera de mil batallas de Romero Jara, es, a su vez, esposa del defensor local jefe de la Defensoría Penal Pública (DPP) en Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado.

Cortés Karmy es la misma letrada que —a través de WhatsApp— dateó a un narco de alto rango para que se deshiciera de evidencias y pudiera seguir operando en el bajo mundo angelino: “Bota todas las hueás, están pinchados”, le advirtió, según los intercambios revelados por este medio.

Trabajo en conjunto

De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, el 4 de noviembre de 2024 Mansilla firmó de su puño y letra un oficio reservado que tenía como destinatario al fiscal jefe SACFI de la Fiscalía Regional del Bío Bio, Michelangelo Bianchi Negrón. El documento de 11 páginas —cuyo contenido es hoy publicado por esta Unidad de Investigación— fue enviado en respuesta a una solicitud que el propio Bianchi hizo en el marco del sumario administrativo que dirigía contra Durán.

El informe revela que el persecutor intervino en al menos dos oportunidades y entregó información específica respecto de imputados vinculados al estudio de su esposa.

El primero de los hechos está relacionado directamente al sicario Moisés Bastardo Bastardo. El venezolano había caído en una causa por drogas contra la banda de Los Corbata, junto con los otros integrantes Cristián Erices González, Luis Corvalán Nova, Felipe Ortiz Bórquez y Cristofer Fernández Riquelme.

En dicho proceso figuraban como defensoras penales privadas la esposa de Durán, la socia Cortés Karmy y un tercer abogado: Daniel Stuardo Gálvez. Los tres, según el informe, acordaron trabajar de forma conjunta. Fue así como este último jurista, el 16 de marzo de 2022, solicitó a la fiscal que lideraba el proceso que se agendara un día para la toma de declaración de tres de los imputados: Bastardo, Ortiz y Fernández.

¿El objetivo? Allanar el camino hacia una “colaboración eficaz” que permitiera rebajarles las penas frente a una hipotética condena. En la primera oportunidad, la persecutora desestimó la diligencia, pero 12 días más tarde el legista insistió. Finalmente, recién después de una tercera solicitud, fechada el 25 de abril de ese año, la fiscal accedió.

“Sapeo” infructuoso

Según intercambios interceptados entre la esposa del persecutor Durán y Moisés Bastardo Bastardo, justo antes de que los imputados materializaran su declaración, coordinaron lo que debían atestiguar. El sicario le comunicó específicamente cuál iba a ser su relato, para que su co-imputado, representado por la abogada, contara la misma historia frente a la persecutora. Lo hizo estando en prisión preventiva y a través de su cuenta en Instagram.

En concreto, Bastardo le detalló a la esposa del fiscal Durán los nombres y apellidos de dos sujetos, uno oriundo de Peñalolén y otro de Los Ángeles, que supuestamente se coordinaban para abastecer de armas al Bío Bío. Según indicó, los envíos se concretaban por Starken haciéndolas pasar como repuestos para vehículos.

Las declaraciones de los imputados se materializaron, se abrió una investigación paralela, pero todo terminó en nada. Los cierto es que a partir de este “dato” no se concretó la detención de los supuestos implicados.

Sin haber podido establecer la cooperación eficaz, con una audiencia de preparación de juicio oral a la vuelta de la esquina, Romero Jara entró en estado de preocupación. En ese contexto, le preguntó a las 08:15 horas del 12 de agosto de 2022 a su esposo por la situación procesal de los supuestos traficantes de armas delatados por su representado.

“¿Podrías revisar estos RUT?”

Según cuentan fuentes cercanas al proceso, se presume que la abogada buscaba utilizar esa información —a la que no podía acceder de manera formal— como argumento para beneficiar a sus clientes en una audiencia programada para ocho días después. Los mensajes fueron extraídos con el software UFED de la firma israelí Cellebrite, utilizado por el Ministerio Público para recopilar información desde dispositivos de imputados. Según el oficio, el fiscal tenía agendada a su esposa como “Amor”.

—Andrea Romero: Solo si puedes… podrías revisar esto RUT para saber si están presos?? 18.545.XXX-X
20.621.XXX-X
—Fiscal Durán: No figuran presos

De acuerdo con el informe, el fiscal Durán usó “los sistemas internos de la fiscalía, particularmente la plataforma Ficha Caso, a la que solo tienen acceso lo fiscales y funcionarios del Ministerio Público” para indicarle “que ambos sujetos no estaban sujetos a dicha medida cautelar”.

La consulta del fiscal al sistema fue confirmada por la División de Informática de la Fiscalía Nacional. La repartición constató que ese 12 de agosto el único funcionario que consultó la ficha de esos sujetos fue el propio Durán.

“Reventaron a las 6 de la mañana”

El segundo episodio protagonizado por el fiscal y su esposa, relacionado con causas de narcotráfico, ocurrió el 28 de octubre de 2023. Al ser fin de semana, al fiscal Durán le correspondió estar de turno, para tomar las audiencias de controles de detención ante el Juzgado de Garantía de Los Ángeles.

Ese sábado, la conversación la inició su esposa, a las 08:08 horas vía WhatsApp. ¿El objetivo? Contarle que la habían llamado dos potenciales clientas que durante la madrugada de ese día habían sido allanadas en una causa por tráfico de drogas. Romero buscaba averiguar si iban a pasar a control de detención y si el Ministerio Público, en este caso representado por el propio Durán, iba a pedir prisión preventiva para las detenidas.

—Andrea Romero: Me llamaron por un procedimiento de droga. Reventaron a las 6 de la mañana. Dos mujeres. Scarlett Norambuena Rivera 20.322.XXX-X Angélica Campos Aravena 13.386.XXX-X. Me confirmas cuando puedas si pasan y qué se pedirá. Para ver si hablo con Daniel.

—Rodrigo Durán: Ok Igual si tienen antecedentes por Ley 20.000 generalmente se pide pp (prisión preventiva)

—Andrea Romero: Creo q no tienen. Pero es tráfico. 2k (kilos).

—Rodrigo Durán: PP.

—Andrea Romero: Están las dos informadas? Eso me interesa saber.

—Rodrigo Durán: Me imagino que sí. No me ha llegado nada todavía.

Mario, el colaborador

Minutos después de ese intercambio, el fiscal recibió un mail de su colega María Rojas Ravanal, en la que se adjuntó un documento con la información de las detenciones de Angélica y Scarlett, aprehendidas en flagrancia a las 05:40 y a las 06:10 horas, respectivamente.

Según reza el informe de la fiscal Mansilla, consta que a las 09:40 horas de ese día el fiscal Rodrigo Durán ya tenía confirmación de que su esposa sería la defensora de ambas imputadas. Eso sí, quien asumió el patrocinio de las detenidas esa jornada fue un tercer abogado: Mario Weldt. El propio Weldt declararía en el sumario contra Durán que, pese a que formalmente no pertenecía al estudio de Romero y Cortés, sí mantenía “un acuerdo informal” para que “en ciertas ocasiones, en algunas causas que ella no podía tomarlas, por distintas razones, me pedía que yo compareciera”.

—Cómo van? Mario no me reporta nada. Sólo q entró y suspendieron para enviar antecedentes —le escribió Romero a Durán a las 11:57 horas de esa mañana, en medio de un receso.

—Todavía no se hace la audiencia —retrucó el persecutor desde la sala.

De acuerdo con lo planteado en el informe, pese a estar consciente de que su esposa era la verdadera defensora de las detenidas, el fiscal —debiendo haberlo hecho— no se inhabilitó de participar de la audiencia.

De acuerdo con información recabada por BBCL Investiga, ambas imputadas terminaron con arresto domiciliario total. Y si bien Durán solicitó la prisión preventiva de ambas, éste no apeló a la resolución de la jueza May-Lin Wong Parra. Esto derivó en que en el sumario, se le enrostrara a Durán no haber realizado las acciones para evitar que ambas quedaran libres. Todo ello, en base a un oficio reservado allegado al procedimiento administrativo por la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional (UCOD).

Los intercambios entre Durán y Romero también arrojan luces respecto de la disputa interna que ésta mantenía con su socia, Susana Cortés Karmy, para captar clientes. Según se desprende de los whatsapps, la que recibía primero el llamado era quien cobraba un porcentaje mayor de los honorarios. En este caso, Cortés también había sido contactada por las imputadas.

—Andrea Romero: Susana mandando fotos que tb (también) la llamaron a ella.

—Rodrigo Durán: Te iba a decir. Un clásico.

—Andrea Romero: Ahí te cuento. Me río no más. Na q hacer (sic).
—Rodrigo Durán: No ahí no tienes nada que hacer. Es que fue y será así ese tema.
—Andrea Romero: Yo no me hago problema.
—Rodrigo Durán: Pero si falta platita yo te presto.
—Andrea Romero: Si la llamaron se reparte por partes iguales. No voy a andar peleando los montos.

La artillería del fiscal Durán

Luego de que el fiscal Michelangelo Bianchi formulara cargos en contra de Durán, este último ha recurrido a los tribunales de justicia para defenderse. Primero, a través de un recurso de protección en contra del propio Bianchi, además de la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y el Ministerio Público, como organismo autónomo. Y luego, mediante una querella criminal contra la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla.

En su escrito ingresado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, Durán denunció una actitud “inquisitiva” del organismo persecutor, al argumentar respecto del segundo hecho que no existía inhabilidad alguna que lo obligara a no tramitar esa audiencia. Asimismo, acusa que el fiscal nacional se abrogó facultades que no le correspondían a la hora de ordenar personalmente la reapertura del sumario en su contra.

La “investigación disciplinaria en contra de mi representado (ha estado) plagada de vicios, ilegalidades y arbitrariedades”, reza el recurso de Durán.

“Con manifiesta desviación de poder, lo ha privado, desde ya, de un debido proceso racional y justo, de la igualdad ante la ley, de su honra y dignidad funcionaria y de su derecho a ejercer su función pública, todo lo cual debe ser enmendado a la brevedad posible”, reclama.

En su libelo contra la fiscal Mansilla, en tanto, acusa a la persecutora de haber filtrado información secreta, proveniente de una causa penal, a su colega Bianchi, para que fuese incorporada en el proceso administrativo abierto en contra de Durán.

“La querellada envía esta información que contiene diálogos privados de mi representado con su cónyuge, de carácter inviolable (…) con el fin expreso de perjudicar a mi representado, pues con esta información pretende demostrar la existencia de presuntos incumplimientos a los deberes propios del cargo que ejerce mi representado, y configurar su responsabilidad administrativa en el sumario seguido por el destinatario de la información que envía”, fustiga.

Hasta ahora, el fiscal Durán sigue suspendido de sus funciones.

Consultada la Fiscalía Regional de Ñuble, evitaron emitir un pronunciamiento. Bío Bío intentó obtener una respuesta del fiscal Durán, sin resultados hasta el cierre de esta edición.