La Municipalidad de San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío, informó que fue oficiada por la Contraloría General de la República (CGR) por un funcionario inhabilitado para trabajar con menores contratado en el servicio público.
Recordemos que el ente fiscalizador, a través del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°19, expuso que entre los años 2020 y agosto de 2025 se identificaron 164 casos de personas inhabilitadas que fueron contratadas por organismos públicos, concentrándose la mayor parte de los cargos en el ámbito educacional, como docentes, asistentes de la educación y auxiliares de aseo.
En tal contexto, el municipio sampedrino fue oficiado por la CGR, la cual informó sobre este único caso, el cual corresponde “a un funcionario que presta servicios en la Dirección de Salud de la comuna desde el año 2016”, según reveló la misma Municipalidad.
Municipio de San Pedro de la Paz se refiere a funcionario inhabilitado para trabajar con niños
Al respecto, el director jurídico del municipio, José Cisternas Tapia, señaló que revisada la información enviada por la Contraloría, constataron que “efectivamente existe un caso respecto de un funcionario que fue contratado el año 2016, durante otra administración”.
Sobre el cual, siguió Cisternas, “ya se manejaban antecedentes desde el primer semestre del año 2025, a raíz de una denuncia anónima“.
“Esta administración, en coherencia con su firme compromiso de no tolerar que personas con inhabilidades trabajen con niños, niñas y adolescentes, tomó inmediatamente carta en el asunto, informó estos antecedentes a la Contraloría y dispuso el inicio de una investigación sumaria, la cual se materializó a fines de octubre de 2025, nombrándose una investigadora. Asimismo, se ordenó invalidar el nombramiento del funcionario en cuestión”, aseguró.
Desde el municipio reafirmaron categóricamente que no permitirían situaciones de esta naturaleza.
“La protección de los niños, niñas y adolescentes de San Pedro de la Paz es una prioridad absoluta, y cualquier antecedente que ponga en riesgo su seguridad es abordado con la máxima rigurosidad administrativa y legal“, cerraron.