Un total de $200 millones por concepto de daño moral deberá pagar el Estado al matrimonio Rivas Lacoste, quienes han sido víctimas de violencia rural desde 2014 en Contulmo.
El Segundo Juzgado Civil de Concepción condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $200 millones a un matrimonio víctima de violencia rural en Contulmo, por concepto de daño moral.
Se trata de una demanda de perjuicios deducida que el tribunal penquista acogió por parte de los afectados: María Ivette Lacoste Catalán, y Jaime Iván Rivas Salas. La pareja ha sufrido diversos hechos de violencia rural, calificados como graves, desde 2014.
En el fallo, el magistrado Adolfo Depolo Cabrera estableció la falta de servicio del Estado al no haber implementado, a través de las fuerzas de orden y seguridad, acciones eficaces para dar seguridad y evitar la ocupación ilegal de las propiedades de los demandantes.
Asimismo, la determinación dio por acreditado que el matrimonio ha sido amenazado por integrantes de comunidades indígenas que impulsan acciones de recuperación territorial.
Matrimonio víctima de violencia rural en Contulmo desde 2014
El fallo del tribunal establece que diversos terrenos de los demandantes han sido ocupados por terceros desde 2014. Este problema se agravó en 2018 mediante el uso de la fuerza, cuando sufrieron ataques incendiarios.
Entre estos, se encuentra el Fundo Eliucura, así como Las Vertientes, ambos ubicados en el sector Elicura de la comuna de Contulmo.
En detalle, “don Jaime Iván Rivas Salas y doña María Ivette Lacoste Catalán, son dueños de fundos ubicados en el sector Elicura, especialmente del fundo Las Vertientes”.
“Desde 2014 y cada vez con más agresividad, fueron despojados de sus terrenos, viendo afectada su integridad y seguridad en sus personas y bienes”, sostiene la misiva.
Para el tribunal los afectados “han sido víctimas de hechos de violencia rural”. “Según lo dispuesto en el artículo 1712 del Código Civil, tiene caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar convencimiento en tal sentido”, agrega.
Órganos de seguridad no han sabido responder al conflicto
Por consiguiente, “los actores han visto amenazada la seguridad en sus personas, siendo despojados de sus bienes por la fuerza”.
En concreto, el matrimonio ha sufrido “incendios, ocupaciones, y (se han visto) amenazados en su integridad física y psíquica”.
Si bien se reconoce que el Estado desplegó planes de acción para contener y erradicar las prácticas de violencia rural, los órganos encargados de la seguridad “no han sabido responder adecuadamente a la solución del conflicto”.
De esta manera, el tribunal acogió el recurso de protección presentado por María Lacoste Catalán y acogió parcialmente la demanda.
Específicamente, “se declara la responsabilidad por falta de servicio del Estado, debiendo pagar la suma de $100.000.000 a doña María Ivette Lacoste Catalán, y $100.000.000, a don Jaime Iván Rivas Salas”. Esto, “por concepto de daño moral, con los reajustes e intereses indicados en el motivo 58°”, concluye el fallo.
